Odebrecht también une a la familia venezolana

La primera vez que se supo de él fue en octubre de 2006. “Venezuela tiene grandes capacidades para producir etanol debido a las condiciones geográficas y climáticas, además de poseer excelentes relaciones con el mercado de los combustibles, situación que hace propicia la implantación de este recurso energético en los procesos de la industria”. Eso dijo Egly Ramírez en una nota de prensa que lo presentaba a la cabeza de un proyecto bandera que luego se convertiría en filial de Pdvsa. Ya no es el alquimista de entonces. Ahora destaca en los expedientes de la justicia brasileña como uno de los venezolanos tocados por la corrupción de Odebrecht.

A través de una empresa offshore registrada en Panamá con el nombre de Juston Business Corp, Egly Ramírez recibió comisiones junto a otros tres directivos de Pdvsa Agrícola: Alfonso Núñez, Miguel Ruiz y Raúl González Ciavaldini. La ficha clave en esta maraña de transferencias y negociados conduce al brasileño Osvaldo Basteri Rodrigues, que se presentaba como representante de Pdvsa Agrícola en Brasil.

Fue él quien estuvo tras la firma fantasma de Panamá; fue él quien recibió y movió los más de 30 millones de dólares, y, fue él quien negoció con Odebrecht a nombre de la plana mayor de Pdvsa Agrícola.

“Él era un representante, un interlocutor de Pdvsa Agrícola, que tenía la tarea de intermediar (…) era propietario de dos empresas llamadas Juston e Intersugar, y cuando se hizo el contrato fue autorizado el pago para ese señor, a través de esas empresas”, confesó ante los fiscales del caso Marcio Faria Da Silva, uno de los directivos de la empresa brasileña que –a cambio de beneficios procesales– ayudaron a armar el rompecabezas del caso Lava Jato.

Los de Odebrecht inflaron el monto de los cuatro complejos agroindustriales con los que Pdvsa anunciaba la premier del etanol criollo. Un nuevo legajo de documentos y depósitos bancarios –filtrados para este reportaje– ahora deja ver que las procesadoras que prometían en el estado Trujillo, en los andes venezolanos, así como en los estados llaneros de Barinas, Cojedes y Portuguesa, quedaron encarecidas por subcontratos simulados.

“Tuve conocimiento de que se realizaron pagos de coimas a la empresa de Osvaldo por medio de la celebración de contratos ficticios”, explicó el 14 de diciembre de 2016, sentado ante los fiscales, Marcio Faria Da Silva, uno de los directivos de Odebrecht que desde Sao Paulo daba el visto bueno a sus representantes en Caracas.

La empresa de papel recibió 33 millones 184 mil dólares de la firma Innovation Research Engineering and Development Ltd, una de las fachadas ahora más conocidas del llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, que Odebrecht empleó como un eufemismo para evitar presentarla como su unidad de sobornos y comisiones. En total, fueron 23 depósitos que salieron de esa empresa, entre noviembre de 2011 y enero de 2014, desde una cuenta del Meinl Bank de Antigua y Barbuda, uno de los bancos donde los brasileños guarecieron buena parte de sus operaciones.

Todo comenzó en el restaurante Rubaiyat de Sao Paulo, uno de los más reconocidos en carnes según las guías gastronómicas de la ciudad. Entre algún corte de ternera, el brasileño Osvaldo Basteri habrá cerrado el negocio a nombre de Pdvsa Agrícola con un contrato ficticio que tiene fecha del 10 de octubre de 2011. “¿Qué resultó de esa comida? Lo que resultó fueron pagos por 32 millones de dólares”, recordó César Faría Rocha, uno de los asistentes, pero ya no desde la comodidad de un restaurante de lujo sino frente a los fiscales que el 14 de diciembre del año pasado lo interrogaron sobre su papel como ejecutivo de Odebrecht.

Faria no precisa cómo se dividieron el botín a lo interno de Pdvsa, pero igual no caben dudas de que los gerentes también estuvieron en la repartición. “Usted no va a pagar 30 millones de dólares de más sin recibir dinero a cambio”, dijo a los fiscales que preguntaban sobre los venezolanos. Quien sí mencionó con nombre y apellido al tren gerencial de la filial agrícola de Pdvsa fue su colega Marcio Faria Da Silva. “Yo aprobé los pagos”, resumió. “Lo que fui informado es que (Osvaldo Basteri) representaba al señor Alfonso Núñez, Egly Ramírez, Miguel Ruiz y Raúl González; yo no los conocí y tampoco sé cómo se dividieron entre el señor Osvaldo y ellos”.

Según los propios testigos –cómplices devenidos en delatores–, “las comisiones suman alrededor de “6% de los valores recibidos y no de los valores contratados”, lo que quiere decir que más de 50 millones de dólares se fueron por el despeñadero en unas instalaciones de Pdvsa Agrícola cuyas postales advierten que quedaron a medio hacer.

La maleza hoy copa buena parte de las 22.000 hectáreas del municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde Pdvsa proclamaba el Complejo Agroindustrial Derivado de la Caña de Azúcar (Cadca). Las imágenes son elocuentes: el llano infinito apenas interrumpido por un esqueleto de metal que debió sentar las bases de una planta de etanol.

Hace dos años se escuchó allí por última vez el ruido de una construcción. Los trabajos están parados desde entonces, pero calcular el daño patrimonial resulta tarea complicada porque aun antes de Odebrecht, entre los años 2008 y 2011 la construcción estuvo a cargo de la cooperación cubana. Pdvsa Agrícola incluso compró una docena de fincas de los alrededores que ahora están improductivas.

Lo del etanol terminó en estafa. El presidente de la Asociación de Cañicultores de Cojedes, Luisidio Herrera, recuerda que las últimas noticias que dieron a los productores de la zona –quienes recibieron financiamiento para sembrar caña de azúcar mientras levantaban la planta– es que la obra no superó un porcentaje de 38% de avance.

El caso se repite en las otras tres localidades: que no está listo, que eso quedó en veremos, que llame después, resumieron esta semana al otro lado del teléfono en las comunidades involucradas de los estados Barinas, Portuguesa y Trujillo.

En Pdvsa, entretanto, no hay respuestas. La estatal petrolera pasó de largo de las solicitudes de información que pedían un balance para este trabajo. Tampoco dieron noticias de los funcionarios involucrados a quienes se intentó contactar mediante comunicación escrita.

En las zonas afectadas han dejado saber que Pdvsa Agrícola ahora baja la santamaría. En nombre de la Asociación de Cañicultores de Cojedes, Luisidio Herrera comenta que la coordinadora regional de ese organismo, Inés Velásquez, les informó que esa filial de la petrolera venezolana cesaría sus funciones y que el proyecto de los complejos agroindustriales de derivados de la caña de azúcar (Cadca) pasaría a manos de un nuevo organismo llamado Pdvsa Etanol.

En otros países Odebrecht al menos concluyó las obras, pero en Venezuela ni siquiera se vieron obligados a terminar los contratos que les permitieron pagar sobornos a cambio de sobreprecios. El Ministerio Público no se ha pronunciado en esta ni en otras de las construcciones paradas. Ni siquiera porque –paradojas de esta historia– el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, también prometía dos plantas de etanol en el estado Anzoátegui cuando era gobernador de esa entidad.

Saab regresó en 2005 de una visita oficial a Cuba con la promesa de dos plantas de etanol en Anzoátegui. En comparsa con Pdvsa Agrícola, mostró las fotos de un encuentro privado con el entonces mandatario cubano, Fidel Castro, así como los planes de unas procesadoras de caña de azúcar que también se quedaron en palabras.

Más de 12 años después, el fiscal ha descartado investigar al gobernante Nicolás Maduro, y a otros de los líderes del chavismo vinculados a la trama de Lava Jato. No tardó, sin embargo, en denunciar una conspiración de sus antecesores del Ministerio Público, luego de que el fiscal Pedro Lopera –hoy en el exilio– sustanciara un expediente contra el constituyente Diosdado Cabello y dos de sus primos, por las copias de transferencias a la empresa TSE Arietis, que encontró durante el allanamiento que practicó en las oficinas que la constructora mantenía en Caracas.

(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas integrada por periodistas de IDL-Reporteros (Perú), La Nación (Argentina), O´Globo (Brasil), La Prensa (Panamá), Sudestada (Uruguay), Quinto Elemento Lab (México) y Armando.Info en Venezuela.