Venezuela hace lo contrario de lo que dice en el Sáhara Occidental

Casi en el mismo instante, el Shi Long Ling llegaba al principal puerto de Venezuela. El fosfato saharaui, esencial para la industria agroquímica, está siendo importado regularmente por empresas del Estado venezolano, que paga por ello a proveedores marroquíes.

El último barco llegó hace dos semanas, pero no se trata de un caso aislado. Marine Traffic, ExactEarth y otras bases de datos de tránsito marítimo del mundo colocan a Venezuela entre los destinos de las embarcaciones que salen de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, controlada por Marruecos –el ocupante- y de cuyo puerto zarpan buques graneleros cargados con fosfato.

El primero de agosto de 2012 desembarcaron 22.000 toneladas de roca fosfática del Sáhara Occidental en Venezuela; el 9 de noviembre de ese mismo año se recibió otro lote de 24.200 toneladas y el año pasado llegaron 59.560 toneladas más, en dos barcos que atracaron primero el 17 de enero y luego el 12 de mayo de 2013 en los muelles que la Fuerza Armada Nacional se reserva en Puerto Cabello, a través de la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (Ocamar).

Las notas de embarque (Bill of ladings) precisan que Pequiven, Bariven y otras empresas del consorcio petroquímico del Estado importan fosfato del Sáhara Occidental. Así queda asentado en los registros portuarios con lugar de origen en “El Aaiún, Marruecos”, a pesar de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) viene condenando en diversas declaraciones la extracción de los recursos naturales de ese territorio, y de que el gobierno nacional cierra filas por la independencia del Sahara Occidental. Tanto así que el propio presidente Hugo Chávez se declaró siempre defensor de la causa saharaui.

En silencio, lejos de los focos noticiosos de Gaza, Siria o Ucrania, en el Sáhara Occidental se libra una guerra de intensidad variable desde hace casi 40 años. Cuando España abandonó esa colonia en 1975, el vecino Marruecos se anexó el territorio, que reivindicaba como una provincia más del antiguo Gran Marruecos. Sus ansias expansionistas pasaron por encima de los deseos de libertad y autodeterminación de la población nativa, el pueblo saharaui.  El llamado Frente Polisario (acrónimo en castellano de Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) se alzó en armas contra el ocupante marroquí, al que ni Naciones Unidas ni la comunidad internacional han reconocido soberanía alguna respecto al Sáhara Occidental.

La ONU ha condenado repetidas veces tanto la ocupación como la extracción de las riquezas del pueblo saharaui en una serie de resoluciones y pronunciamientos. En 2002 el Informe Corell –nombrado por el entonces subsecretario general para Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell- advertía sobre la “explotación y saqueo” del territorio.

En el corazón del conflicto late la lucha por el control de los ricos yacimientos de fosfato del territorio. La prospección española hizo los primeros hallazgos del mineral en 1947. En 1963 se desarrolló la mina de Bou Craa, una de las más grandes del mundo. Marruecos ya es, de por sí, el mayor exportador de fosfatos en el planeta. De sus exportaciones, estimaciones de El Economista calculan que unos 1.750 millones de dólares al año se originan en yacimientos que se encuentran en territorio ocupado saharaui.

También desde 1975 la lucha saharaui se convirtió en una causa célebre de la izquierda internacional. No hay evento progresista del que no salga una declaración, como fue el caso del reciente Congreso del PSUV.

En 2004, el propio Hugo Chávez recibió con honores a Mohamed Abdelaziz, presidente de la proclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y cinco años después, en 2009, le envió al embajador de Venezuela en Argelia, Héctor Michel Mujica, para que cumpliera la formalidad de presentar sus credenciales en los campamentos de refugiados saharauis que permanecen en Tinduf y otras zonas del suroeste argelino.

Mujica reiteró entonces el respaldo de Venezuela “al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y a la constitución de un Estado independiente”, lo que una semana después desencadenó el cierre de la embajada de Marruecos en Caracas.

Como China con Tíbet o Taiwán, o, en su momento, Indonesia con Timor Oriental, el reino de Marruecos no reconoce al Polisario ni a ningún otro grupo como representante del pueblo saharaui, y ve con recelo a cualquier nación que lo haga.

Marruecos lamentó que Venezuela no asumiera una postura más neutral frente al tema del Sáhara y la acusó de hostil. "Las autoridades de Caracas han participado activamente en las campañas bélicas de los adversarios de la unidad nacional y han comprometido, en esa escalada absurda, a las más altas esferas venezolanas", concluyó el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país en un comunicado difundido por la agencia oficial MAP el 15 de enero de 2009, fecha en la que cerró su representación en Caracas y la mudó a República Dominicana.

"La apertura y la presencia de una representación en un país refleja la voluntad de reforzar las relaciones con ese país en diferentes ámbitos, pero esa presencia resulta inútil cuando consideraciones mayores dificultan el desarrollo de esas relaciones", añadió la cancillería marroquí.

Chávez no habló sobre el asunto, como tampoco lo hizo el ahora presidente Nicolás Maduro, que entonces se desempeñaba como canciller. El pronunciamiento de réplica estuvo a cargo de Reinaldo Bolívar, viceministro de relaciones Exteriores para África, quien manifestó sorpresa porque, según su testimonio, no había recibido ningún llamado que anticipara alguna molestia de Rabat. Si bien señaló que el reino de Marruecos tenía derecho a clausurar sus embajadas en cualquier parte del mundo, juzgó "tendenciosas e irrespetuosas las especulaciones marroquíes acerca de que Venezuela financia y participa en campañas belicosas contra ese país".

De ese impasse no hubo más. Pero incluso en medio de la refriega, y todavía después, diversos buques dejaron su estela en el Atlántico mientras transportaban fosfato expoliado del Sáhara Occidental a la República Bolivariana de Venezuela, el brioso aliado de la insurgencia saharaui.

El embajador saharaui en Caracas, Mohamed Salem Daha, advierte que “cualquier explotación de los recursos del Sáhara sin la autorización de los saharauis es ilegal”. Desconoce sobre importaciones de fosfato para esta parte del Caribe. Asegura que jamás ha escuchado sobre el tema pero no deja de subrayar, por si así fuera, que quienes comercian con el fosfato, la pesca, el petróleo y la arena que se extraen del Sáhara Occidental alimentan un conflicto interminable con desaparecidos, minas antipersonales y la construcción de un muro de 2.700 kilómetros que dividió a la población.

No obstante, Daha destaca el apoyo que Venezuela ha brindado a la liberación saharaui desde 1982, cuando Caracas reconoció a la RASD como país soberano. La diplomacia bolivariana ha ido más allá: el 17 de septiembre de 2011 inauguró, en alianza con Cuba, la Escuela Simón Bolívar para más de 350 alumnos de 4 wilayas, como se conoce a los asentamientos de refugiados que se establecieron en un pedazo de Argelia.

El del Sáhara Occidental es un conflicto olvidado, ya no del todo cruento pero con implicaciones complejas. El internacionalista Julio César Pineda, que se acercó al caso cuando se desempeñó como embajador de Venezuela en Libia, cree que el gobierno de Maduro debe ser prudente. “El tema es delicado en la parte comercial porque se trata de un mineral estratégico, pero en el terreno diplomático es lamentable que Venezuela haya roto el equilibrio que siempre había mantenido y que terminó con el cierre de la embajada de Marruecos”.

Para Pineda, el conflicto se ha prolongado en una suerte de guerra fría entre Marruecos y Argelia, alrededor de la que se ha conformado la diáspora del pueblo saharaui. Sin contar la población dispersa en el exilio, los saharauis suman más de medio millón de personas repartidas entre los territorios ocupados y una serie de campamentos enclavados en zonas casi ignotas del desierto del Sáhara.

La calidad de la roca fosfática saharaui es reconocida en todo el mundo. Se trata de “un mineral de color entre amarillo y castaño claro con escasos fósiles –algunos restos de peces y coprolitos– y sin materia orgánica, consolidado apenas por un cemento arcilloso-margoso que permite su disgregación con facilidad y, en consecuencia, su tratamiento posterior”, describe la revista de Técnica Industrial de España en su edición de junio de 2004.

A pesar de las disposiciones internacionales que cuestionan la extracción y comercialización de productos provenientes del Sahara Occidental bajo control de Marruecos, la empresa gubernamental marroquí Office Cherifien des Phosphates (OCP) explota la mina de fosfato en Bou Craa, territorio ocupado, a través de su subsidiaria Phosphates de Boucraa S.A. (Phosboucraa).

Marruecos es uno de los principales exportadores del mineral, que llega a Puerto Cabello a través de sus empresas estatales Phosboucraa y OCP, según se puede leer en los informes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Al menos cinco barcos, entre 2012 y julio de 2014, han descargado 137.260 toneladas para las empresas estatales venezolanas Pequiven y Bariven –esta última, encargada de las adquisiciones internacionales de Pdvsa-. En el resto del mundo los clientes del fosfato saharaui suelen ser empresas privadas. En Venezuela, Pequiven y algunas de sus filiales, como Tripoliven, procesan en sus plantas el fosfato saharaui para la elaboración de distintos productos químicos, como fertilizantes y detergentes.

El país importa fosfato desde África porque no explota la mayoría de las minas que tiene principalmente en Falcón y Táchira. “Venezuela, a pesar de poseer yacimientos de rocas fosfáticas que podrían cubrir la demanda nacional, tiene la necesidad de importar rocas fosfáticas, con la consiguiente pérdida de divisas”, explica el geólogo Francisco Raúl García. “Si se ponen en producción los yacimientos de rocas fosfáticas que se conocen podríamos en corto plazo cubrir la demanda nacional y hasta exportar excedentes a los países vecinos”.

Tripoliven, que tiene entre sus accionistas a Pequiven, Valquímica y a la empresa privada española FMC Foret, admite que compra el mineral proveniente del Sahara Occidental a Marruecos. Nicolás Marín, presidente de su junta directiva, sostiene que se trata de una operación transparente. “La roca que se está consiguiendo más acorde a los requerimientos de Tripoliven es la de Bou Craa,  importada de Marruecos”, explica. Se trata de la mina saharaui que, según cifras de la OCP, en promedio produce y exporta entre 2,3 y 2,5 millones de toneladas al año, un poco menos de diez por ciento de la producción de fosfato marroquí. Marín agrega que los proyectos para la explotación de fosfato made in Venezuela están en desarrollo: “Lógicamente, cuando el producto esté disponible en el mercado, lo buscaremos aquí”.

La empresa española FMC Foret, una de las accionistas de Tripoliven, fue cuestionada en el pasado por comprar roca fosfática del Sahara Occidental a Marruecos. Un reporte del Consejo de Ética del gobierno de Noruega del año 2010 hizo un llamado de atención a esa firma, que reconocía sin empacho la compra del mineral y su disposición a mantener las importaciones desde El Aaiún, en el entendido de que, a su juicio, Marruecos era legalmente y de facto el administrador del territorio: “La planta de la compañía en Huelva, España, es dependiente en gran medida en el acceso al fosfato de la calidad que se encuentra en Bou Craa”.

Pero la planta de Huelva cerró en 2010. FMC Foret informó que el cierre no tuvo que ver con las exportaciones desde el Sáhara que, en todo caso y desde entonces, se detuvieron.

Sobre sus inversiones en Venezuela, a donde siguen llegando despachos de fosfato saharaui, la española FMC Foret indicó, en un reporte entregado a la Securities and Exchange Commission (SEC, siglas en inglés del supervisor bursátil de Estados Unidos), que mantiene una inversión no controlada en el negocio de Tripoliven valorada, para el 30 de septiembre de 2012, en nueve millones de dólares.

Para el Consejo de Ética del gobierno de Noruega, “la explotación que hace Marruecos de los recursos de fosfato del Sáhara Occidental constituye una gran violación a las normas.  Esto no es solamente por el hecho de que la población local no está recibiendo los beneficios; sino que la forma actual de explotación contribuye también a mantener una situación no resuelta y, en consecuencia, la presencia de Marruecos en un territorio sobre el cual no tiene la soberanía que le corresponde”.

Tripoliven fue creada en 1972 y comenzó operaciones en 1977. Desde entonces, de acuerdo con Nicolás Marín, presidente de la junta directiva, la empresa compra roca fosfática a Marruecos para su producción. Para Marín, las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) son un asunto de otro nivel que no correspondería a su empresa definir.

“Estos temas son ajenos a lo que es la operación normal de Tripoliven. No sé cómo se está manejando, pero nosotros preferimos mantenernos al margen de eso”, dice. Ningún organismo del Gobierno, entretanto, ha dado luces sobre el tema: Pequiven y Bariven, ambas empresas del Estado, no dieron respuesta a la solicitud de entrevista realizada para abordar este tema hasta la fecha de esta publicación.

Tripoliven procesa en Venezuela alrededor de 100.000 toneladas de roca fosfática al año, en su mayoría comprada a Marruecos –incluyendo la de procedencia saharaui- y sus productos sirven de suministros para la industria de detergentes del país.

Marín advierte que nunca han recibido algún reclamo de la ONU, pero sí recuerda que fueron contactados alguna vez por una organización no gubernamental. Se trataba de Western Sahara Resource Watch (WSRW) que, desde su sede en Noruega, señala que la respuesta ofrecida no mencionó al Sahara Occidental: “En relación a su solicitud de información cumplimos en informarle que Tripoliven no está importando roca de la empresa OCP. FMC Foret es uno de los socios de Tripoliven ostentando el 33.33% del total de las acciones”, aseguró entonces la empresa venezolana a sus interlocutores noruegos.

La organización, con representación en 38 países, defiende la preservación de los recursos del territorio ocupado para el uso de los saharauis. “La mitad de la población del Sahara Occidental ha huido del territorio a raíz de la brutal ocupación marroquí”, indica Erik Hagen, presidente de WSRW. “Ellos viven en una profunda pobreza en campos de refugiados y no ganan ni un centavo de este comercio, el ingreso que los marroquíes obtienen de esto es usado para financiar y atrincherar la costosa ocupación”.

El fosfato del Sáhara Occidental también llega a puerto colombiano, pero a nombre de una empresa de capital estatal venezolano. Se trata de Monómeros, “la única empresa filial en la que participa Pequiven, con sede fuera del territorio venezolano, creada para promover productos químicos básicos e intermedios a la industria manufacturera y fertilizantes para el agro”, según indica Pequiven en su website.

En Barranquilla –el puerto atlántico colombiano al que van destinados los cargamentos- está su sede principal. Allí llegaron el año pasado, al menos, cinco buques con 107.000 toneladas de fosfato compradas a Marruecos por un valor aproximado de 17 millones de dólares, según un reporte de la organización WSRW.

En años anteriores ya habían llegado cargamentos de roca fosfática al puerto de Barranquilla, que en ocasiones hacían primero una parada en Puerto Cabello. El DD Vigor, por ejemplo, hizo un alto en el puerto venezolano antes de descargar el 23 de julio de 2008 en Colombia cerca de 15.000 toneladas de fosfato provenientes de El Aaiún. Como ese, al menos otros cinco barcos hicieron lo mismo durante ese año.

De los países que reconocen a la República Saharaui, varios han incorporado como parte de su respaldo la prohibición de importar productos provenientes del territorio ocupado. En América Latina, Argentina, Brasil y Chile, no se han pronunciado a favor de la causa saharaui. No resulta sorprendente, por lo tanto, que sea justamente en dos de estos países (Argentina y Brasil), donde la OCP marroquí mantiene oficinas en la región.

Para Hagen, presidente de la organización Western Sahara Resource Watch, frenar este intercambio comercial del fosfato saharaui a cargo de Marruecos con Venezuela, sería la mejor muestra de apoyo por parte de Caracas. Y quizá, de consistencia.

“El gobierno venezolano ha tenido excelentes palabras de solidaridad para la gente oprimida del Sáhara Occidental. Por eso, es triste ver que es el único gobierno en el mundo cuyas compañías estatales están involucradas en estas importaciones”, dice. “Culminar con este comercio sería la mejor muestra de solidaridad, y de apoyo a la legislación internacional, que podría hacer”.

Este reportaje es producto de un trabajo en equipo publicado en simultáneo por El Universal y el sitio web de periodismo de investigación www.armando.info