Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos

El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes

Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe

More than 850 Mexican drug traffickers have been extradited to the United States. But then, when the work seems to be done, Mexico realizes that in just a few cases it investigated enough to seize the finances of the mafias. Now a new chapter threatens to sour the binational fight against drug trafficking: the claim the United States has made of the fortunes of the capos.

Disarray and bad practices in the State's institutions often cause many of the seized assets during judicial operations to not only be reinstated to their owners, but -to top it all- they have to be compensated by the treasury. The emblematic case of a light aircraft the Attorney General's Office took for its use, that was later scrapped as junk and in the end caused millions of costs to the State, proves that the confiscations, even if scarce, sometimes even become a lousy business for taxpayers.

Since his first escape from a maximum security prison in 2001, to this date, the authorities have barely seized three jewels, two vehicles, one house, eight ammunition clips, one grenade, 171 munitions and four items, among other goods of lesser value from the mythical chief of the Sinaloa Cartel. After his extradition, the United States is now going after his fortune. But it is not the only case that needs to be amended. Nearly 200 requests for information to the Mexican State reveal that, even if the criminal organizations get beheaded in the War against Drugs, their wealth and financial structures remain almost intact, little of it is confiscated, but even less thereof is publicly known.