Una anónima empresa china de ingeniería civil salió a relucir en las noticias internacionales de febrero pasado. Se trataba de Camc, beneficiada con importantes contratos del Gobierno boliviano mientras la exnovia del presidente Evo Morales actuó como su gerente local. Pero ya para entonces tenía tiempo operando en Venezuela. Desde 2003 ha obtenido del régimen chavista proyectos por más de 3.000 millones de dólares. A pesar de un desempeño plagado de irregularidades técnicas y administrativas, acaba de recibir un jugoso trofeo: la certificación de yacimientos en el Arco Minero del Orinoco.

Una empresa con menos de un año de registrada y sólo tres empleados fungió como comercializadora del evento, que arranca desde hoy hasta el domingo en el Poliedro de Caracas. Uno de los socios detrás de la empresa, denominada Multiservicios Virgemis, es una persona cercana a Ysmel Serrano, quien a su vez es hombre de confianza de Tareck El Aissami, Vicepresidente de la República. Multiservicios Virgemis cobró por el espacio en la exposición y por el patrocinio de la feria en la que el Gobierno pretende mostrar una vitrina de la economía distinta a la de los anaqueles vacíos.

A Jhon Quiroz se le ha visto de copas por Colombia. Mientras, la justicia bolivariana mandó a pedir a un homónimo en Panamá, a quien primero encerró en la cárcel y luego apenas le dijo perdón antes de soltarlo. La Fiscalía venezolana todavía no reconoce en público que perjudicó a un ciudadano equivocado. ¿Error o práctica común? Mientras el caso se dilataba, los magistrados colombianos aprobaron la extradición del verdadero implicado en el fraude que afectó a 7.000 personas, quienes pagaron importantes cifras para comprar automóviles de marca china, pero que nunca recibieron.

Un venezolano solicitado por la justicia fue extraditado desde Colombia. Se le busca juzgar por su promesa engañosa a distintos inversionistas, a quienes hizo participar en una empresa de comercialización de equipos médicos en el país y en el exterior para luego quedarse con el dinero. Pero el hombre, que trabajó en la industria petrolera y a quien, según testimonios, se le veía en Pdvsa, registró una empresa de exportación de petróleo en Islas Vírgenes Británicas.

“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.

Un doble prodigio ocurre en el estado del norte costero venezolano, cuenca petrolera por tradición: el desabastecimiento aprieta poco, por un lado, y por el otro, el Gobernador chavista Arias Cárdenas trabaja de la mano con los contrabandistas, a quienes el cierre de la frontera con Colombia, hace un año, pretendía castigar. Acompañamos a la caravana de vehículos de carga que ahora, con escolta militar y gracias al pragmatismo de la administración local, lleva provisiones desde Paraguachón, en La Guajira, a Maracaibo.

El propio presidente de Venezuela se empeñó hace tres años en exponer estas tiendas de electrodomésticos como una muestra de la usura capitalista y pidió entrar a saco en ellas para “que no quede nada en sus anaqueles”. El llamado ‘Dakazo’ llevó a la extinción a todo un sector del comercio. Lo curioso es que el pecador original no solo sobrevivió a su competencia, sino hasta a los organismos que entonces lo sancionaron. El propio Estado que lo trataba con desprecio, ha seguido recompensando al grupo empresarial detrás de Daka con el acceso a divisas preferenciales.

Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orinoco como fórmula para levantar los recursos que tanto escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “empresas mixtas” el Gobierno ha terminado pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivista como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra han registrado sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados.

The Venezuelan fishing fleet and the seafood processing industry went under due to massive imports from the Government. Ironically, the shot underneath the waterline was fired by military officers in charge of overseeing the national sovereignty. A subsidiary of the Savings Bank of the Army imported tuna and other goods. The business was shielded with guaranteed access to Government currencies at preferential rates and alliances with the new business class.

The 'eternal commander' of the Bolivarian Revolution wanted to have his chain of socialist supermarkets and to that end he ordered the expropriation of the Éxito Stores in 2010, which he believed to be Colombian. By the time he found out that they belonged to the French Casino Group, it was too late: the Paris government had intervened and obtained not only a hefty payment for the business, but also helped retain a French participation in what became Abastos Bicentenario. Seven years later, when the supply chain languishes, the French continue to sell up to 3,000 tons a year of non-food products through a company in Panama. 

A mediados de 2013 Jorge Alfredo Silva Cardona trabajaba como técnico administrativo del Seniat. Tres años y medio después se ha convertido en el timón del Grupo JHS, la fachada que se levantó a la sombra del millonario negocio entre los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la compañía brasilera JBS. Este conglomerado es propietario del Deportivo Táchira y comienza a ser conocido como un jugador de renombre en el cada vez más exclusivo negocio de la importación de alimentos básicos en Venezuela. El exempleado de la oficina de tributos parece tener el know how que se necesita para triunfar en una economía de puertos.

El ‘comandante eterno’ de la Revolución Bolivariana quiso tener su cadena de supermercados socialistas y para eso mandó a expropiar en 2010 las tiendas Éxito, que creía colombianas. Para cuando se enteró de que pertenecían al francés Grupo Casino, ya era tarde: el Gobierno de París había intervenido y consiguió no solo un pago jugoso por el negocio, sino que ayudó a conservar una participación francesa en lo que pasó a ser Abastos Bicentenario. Siete años más tarde, cuando la red de abastos languidece, los franceses siguen vendiéndole hasta 3.000 toneladas al año de productos no alimenticios a través de una empresa en Panamá.

Mientras el negocio de las aerolíneas caía en Venezuela, el coronel retirado de la Aviación Pedro Cestari Navarro, amigo del poderoso y también militar Giuseppe Yoffreda, fundó una línea aérea propia con vuelos nacionales e internacionales que no ha parado de crecer desde 2014. El apoderado de la filial panameña es también un militar, el general retirado Noel Santiago López Capriata. Con la compañía, el turpial pasó de ser el ave tradicional venezolana, al símbolo del vuelo de las elites castrenses en la economía del país caribeño.

Leonardo González Dellán headed Banco Industrial de Venezuela (BIV) from 2002 to 2004. The papers of Mossack Fonseca reveal that, in this period, which also coincided with the establishment of the exchange control and the birth of the extinct Cadivi, he was related to overseas companies.

Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca revelan que, en ese período, que además coincidió con la instauración del control de cambio y el nacimiento de la extinta Cadivi, estuvo relacionado con empresas de ultramar

La familia de origen libanés y creadora de los vehículos militares Tiuna es quien realmente controla la operación de ensamblaje de los vehículos de la marca china. En lo que formalmente se trata de una “empresa mixta” que el Gobierno califica como una “experiencia exitosísima”, el grupo se ha asegurado una porción mayoritaria de acceso a las divisas del negocio de importación de partes y material de ensamblaje a través de una estructura corporativa offshore.

The family of Lebanese origin and creator of Tiuna military vehicles is the one who really controls the assembly operation of the Chinese make cars. It is formally a "mixed company" that the Government qualifies as a "highly successful experience", used by the group to secure a majority share of access to the foreign currency of the business to import parts and assembly material through an offshore corporate structure.

La tensión entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela no cesa. Pero la escalada de represalias comerciales que se libra desde ambas capitales curiosamente deja ilesas a algunas de las empresas que desde 2017 proveen mercancía al programa bandera del chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Dos de esas compañías muestran el perfil propio de empresas de maletín oportunistas.

Una mano del gobierno de Nicolás Maduro ni se entera de lo que la otra hace en el Sáhara Occidental, la ex colonia española que Marruecos se anexó ilegalmente desde 1975. Mientras el chavismo promete solidaridad al movimiento independentista saharaui del Frente Polisario, las empresas petroquímicas del Estado venezolano le siguen comprando al invasor valiosos cargamentos de fosfato extraídos de minas en los territorios ocupados.

One hand of the government of Nicolás Maduro does not even know what the other hand does in Western Sahara, the former Spanish colony that Morocco illegally annexed itself in 1975. While the Chavismo pledges solidarity to the Saharawi pro-independence movement of the Polisario Front, the Venezuelan state's petrochemical companies continue to buy from the invader valuable phosphate cargoes extracted from mines in the occupied territories.

La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.

El empresario venezolano levantó sigilosamente una compleja estructura corporativa hasta que en febrero pasado el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. La filtración de los Paradise Papers ahora revela que su patrimonio empresarial es más amplio al bloqueado inicialmente por las autoridades norteamericanas y que la isla de Barbados fue la escogida para crear una suerte de holding que agrupara a las compañías con las que participó en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, y a través de las cuales consiguió millonarios contratos con el gobierno venezolano.

The Venezuelan businessman quietly established a complex corporate structure until last February the US Treasury Department accused him of being the "front man" of the Vice President of the Republic, Tareck El Aissami. The Paradise Papers leak now reveals that his business assets are broader than those initially blocked by the US authorities and that the island of Barbados was chosen to create a sort of holding that groups the companies with which he participated in the oil and food business, among others, and whereby he was awarded millionaire contracts with the Venezuelan government.

El Gobierno de Nicolás Maduro le entregó a China la fabricación a gran escala del cuatro venezolano. Ha privado más la política de masificar el instrumento, con el propósito de sumarlo al archiconocido Sistema Nacional del Orquestas Infantiles y Juveniles, creado por José Antonio Abreu, que la calidad que supone su artesanal armado. No es, como parece, solo una resignación cultural o una contradicción con el discurso nacionalista de los históricos camaradas de la autodenominada revolución bolivariana. Cada unidad fabricada en el Lejano Oriente es un negocio para los importadores y termina costando casi lo mismo que la guitarrilla fabricada en el país.

The Government of Nicolás Maduro gave China the large-scale manufacture of the Venezuelan cuatro (four in English, as it has four strings). The policy of mass production of the instrument, with the purpose of adding it to the well-known National System of Children and Youth Orchestras, created by José Antonio Abreu, has prevailed over the quality entailed in its handcrafted frame. It is not, as it seems, just a cultural resignation or a contradiction with the nationalist discourse of the historical comrades of the self-styled Bolivarian revolution. Each unit manufactured in the Far East is a business for importers and ends up costing almost the same as the guitar manufactured in the country.

Sobrefacturación, de hasta tres veces el valor original, en mercancía, fletes y seguros; exportaciones incompletas; pagos iniciales desproporcionados; empresas creadas ad hoc días antes de recibir contratos; desvío de fondos a cuentas de paraísos fiscales: de todo aparece en el menú de tretas usadas por el empresario Juan José Levy para quedarse con la parte del león en los contratos que suscribió para suministrar desde Argentina antenas de TV, productos de higiene y medicinas al Estado venezolano. Un vistazo al dictamen de investigación judicial argentina revela tal diversidad de irregularidades que cuesta entender por qué las empresas oficiales Suvinca u Cantv lo escogieron como proveedor, O quizás no.

Overbilling, up to three times the original value, in merchandise, freight and insurance; incomplete exports; disproportionate down payments; companies created ad hoc days before being awarded contracts; diversion of funds to accounts of tax havens. There is everything in the menu of tricks used by entrepreneur Juan José Levy to keep the lion's share in the contracts he signed to supply TV antennas, hygiene products and medicines from Argentina to Venezuelan. A look at the Argentine judicial investigation report reveals such a diversity of irregularities that it is difficult to understand why official companies Suvinca or Cantv chose him as a supplier, or maybe not.

En dos países de regímenes “bolivarianos”, Ecuador y Venezuela, la inversión china ha encontrado durante los últimos diez años unos socios ávidos de negocios. El gigante asiático ha inyectado en ambas naciones ingentes recursos financieros y para obras de infraestructura. Muchas de ellas inconclusas. Pero la otra cara de la moneda está en las condiciones impuestas a los socios en los contratos leoninos que hacen suscribir las entridades y empresas chinas a sus pares locales: en pleno s. XXI, la previsible potencia del futuro impone cláusulas del s. XIX, como la suspensión de leyes laborales, importación de mano de obra, derechos de uso exclusivo, financiamientos más caros, pagos en divisas extranjeras, entre otros privilegios decimonónicos.

In two countries of "Bolivarian" regimes, Ecuador and Venezuela, Chinese investment has found avid business partners over the last ten years. The Asian giant has injected vast financial resources and resources for infrastructure works into both nations, many of them unfinished. But the other side of the coin is the conditions imposed on the partners in draconian contracts that the Chinese entities and companies have subscribed by their local counterparts. In the height of the 21st Century, the foreseeable power of the future imposes terms and conditions of the 19th Century, like the suspension of labor laws, importation of labor, exclusive use rights, more expensive financing, payments in foreign currency, among other nineteenth-century privileges.

Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.

De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.

La consumada elección de la Asamblea Nacional Constituyente mantiene en vilo a los florecientes negocios entre México y Venezuela. El país de América del Norte se ha planteado adherirse a las sanciones comerciales anunciadas por Washington ahora que el régimen chavista cesará al Parlamento elegido en 2015 e iniciará una razzia contra la oposición política. Si la decisión se concreta será un golpe bajo al floreciente intercambio comercial entre los dos países, que ha permitido surtir con insumos mexicanos a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, el plan de emergencia del presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la escasez y al descontento de la población. Un negocio silencioso, marcado por la opacidad, del que se han lucrado empresarios ligados al régimen venezolano como Samark López y Alex Saab

La inclusión del empresario venezolano en la lista de narcotraficantes y lavadores de dinero en Estados Unidos deja al descubierto la trama de sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro: primero vendió kits para los programas de construcción de viviendas del gobierno, luego se benefició de la venta masiva de alimentos y hasta adornos decembrinos. Todo a través de una estructura que hasta ahora ha encontrado hospicio en la jurisdicción de Barbados; la pequeña isla caribeña funciona como la guarida que esconde algunos de sus activos al Departamento del Tesoro norteamericano.

La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda el negocio de la importación de alimentos para los populares Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Viene a confirmar también que el empresario barranquillero, Alex Nain Saab Morán, hasta ahora ligado a la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, es también una bisagra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el puerto de Veracruz han salido hasta Venezuela al menos 7 millones de cajas con comida despachadas por una fantasmal sociedad sin oficina permanente en Caracas ni México, y gracias a un millonario contrato con el Gobierno venezolano.

El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.

En México hay una larga tradición de trampas en el suministro de productos lácteos empacados para programas sociales. Así que no debe extrañar que en ese país la corrupción venezolana haya conseguido la fórmula perfecta para hacer pasar en las llamadas Cajas CLAP un engrudo adquirido a precio de remate por leche de vaca en polvo. Por una misteriosa razón, empresas fantasmales o apenas conocidas son las que acaparan las órdenes de compra expedidas desde Venezuela.

El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.

La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.

La tensión entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela no cesa. Pero la escalada de represalias comerciales que se libra desde ambas capitales curiosamente deja ilesas a algunas de las empresas que desde 2017 proveen mercancía al programa bandera del chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Dos de esas compañías muestran el perfil propio de empresas de maletín oportunistas.

La persona jurídica registrada en Hong Kong, vinculada a los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, parece ser el gran aliado del Gobierno de Nicolás Maduro. Los contratos millonarios para el suministro de millones de cajas CLAP, el programa bandera del sucesor de Hugo Chávez, apenas fueron el comienzo. La empresa, cuyo rastro en Venezuela es nebuloso, también funge como la intermediaria del Ministerio de Salud en la compra de los medicamentos que tanto escasean en los hospitales y farmacias del país.     

Una desconocida empresa llamada Salva Foods 2015, creada meses antes de que Nicolás Maduro asomara su idea de establecer una red de tiendas para el programa estatal de los Comité Locales de abastecimiento y Producción (CLAP), es la beneficiaria actual de ese negocio. Se llaman Tiendas CLAP y se confunden con una empresa estatal, con expendios de alimentos en los que alguna vez fueron locales de los Abastos Bicentenario. Detrás de esa operación reaparece la sombra de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes desde inicios de 2017 están vinculados a los CLAP gracias a una fantasmal sociedad registrada en Hong Kong.

En Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza desde México y Hong Kong, en términos geográficos, parece épica, el negocio no cambia de manos: siguen siendo las de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de la importación de alimentos financiada con fondos públicos. Es la vuelta al mundo por un negocio.  

Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.

Turkey and the coastal emirates of the Arabian Peninsula are now the homes of companies that supply the main social -and clientelist- program of the Government of Venezuela. Although the move from Mexico and Hong Kong, seems geographically epic, the companies has not changed hands. They are still owned by Colombian entrepreneurs Alex Nain Saab Morán and Álvaro Pulido Vargas, who control since 2016 a good part of the Import of food financed with public funds. Around the world for a business.  

The Hong Kong-registered company, linked to Colombian entrepreneurs Alex Nain Saab Morán and Álvaro Enrique Pulido Vargas, seems to be the great ally of Nicolás Maduro Government. Millionaire contracts for the supply of millions of CLAP boxes, the flagship program of Hugo Chávez's successor, were just the beginning. The company, with a foggy trail in Venezuela, also acts as the intermediary of the Ministry of Health in the purchase of the highly-scarce medicines in hospitals and pharmacies in the country.     

The rebel prosecutor, Luisa Ortega Díaz, opened a real Pandora's box. Her accusation against Group Grand Limited not only strips the food import business for the popular Local Supply and Production Committee (CLAP). It also confirms that the businessman from Barranquilla, Alex Nain Saab Morán, hitherto linked to former Colombian senator, Piedad Córdoba, is also a hinge of President Nicolás Maduro. From the port of Veracruz, at least 7 million boxes of food have been shipped to Venezuela by a ghost company with no permanent office in Caracas or Mexico, and thanks to a millionaire contract with the Venezuelan government.   

The chemical analysis of eight Mexican brands that the Venezuelan government supplies to the low-income population through the Local Supply and Production Committee (CLAP), gives scientific determination to what appeared to be an urban legend: it may be powdered, but it is not milk. The fraud affects both the coffers and the public health, by offering as food a mixture poor in calcium and proteins, yet full of carbohydrates and sodium.

An unknown company called Salva Foods 2015 —created months before Nicolás Maduro put out his idea of establishing a network of stores for the state program of the Local Supply and Production Committees (CLAP)—is the current beneficiary of that business. They are called CLAP Stores and are mistaken for a state-owned company, with food outlets where there were once the premises of Abastos Bicentenarios (state-owned supermarkets). Behind that operation, the shadow of Colombian entrepreneurs Alex Nain Saab Morán and Álvaro Pulido Vargas reappears, both linked since early 2017 to the CLAPs due to a dummy company registered in Hong Kong.

The network of intermediaries contracting with the Venezuelan Foreign Trade Corporation (Corpovex) to bring CLAP boxes seems infinite. In Sabadell, a town near Barcelona, a virtually cash shell company got 70 million dollars for outsourcing the shipment of food to Venezuela thanks to the administration of Nicolás Maduro, which buys the contents of the boxes at discretionary prices and without control. Last year alone, the government spent 2,500 to 3,500 million dollars, but only the leaders of the "Bolivarian revolution" know the actual figure.

The Venezuelan government has resorted to a myriad of trading intermediaries to provide imported merchandise for the Claps, its star food aid program. With massive purchases in international markets, it poorly satisfies the hunger of popular sectors while safely feeding the financial flows that end in bank accounts in Hong Kong or Switzerland.

The inclusion of the Venezuelan businessman in the list of drug traffickers and money launderers in the United States of America reveals the plot of his business with Nicolás Maduro’s regime. First, he sold kits for the government's housing building programs. Then, he benefited from the massive sale of food and even Christmas decorations; all this through a structure that has found, to date, shelter in the jurisdiction of Barbados. The small Caribbean island acts as the lair that hides some of its assets to the U.S. Department of the Treasury.

Las autoridades mexicanas culpan a las venezolanas por no verificar la calidad de los productos que llegan en los combos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Aunque las empresas aportaron información falsa en los empaques, se lavan las manos con tecnicismos burocráticos y siguen otorgando permisos de exportación. En Venezuela es algo de lo que ningún funcionario quiere hablar: durante meses el Gobierno de Nicolás Maduro compró y distribuyó entre los más pobres distintas marcas de leche en polvo de la peor calidad.

Mexican authorities blame Venezuelan authorities for not verifying the quality of the products included in the combos for the Local Supply and Production Committee (CLAP). Even though the companies provided false information on the packaging, they wash their hands with bureaucratic technicalities and continue granting export permits. In Venezuela, no official wants to talk about it. For months, the Government of Nicolás Maduro bought and distributed among the poorest several powdered milk brands of the lowest quality.

Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.

While the key role of Colombian entrepreneurs Alex Saab Morán and Álvaro Pulido Vargas in the import scheme of Nicolás Maduro’s Government program has come to light, almost nothing has been said about the participation of the traders who act as suppliers from Mexico. These are economic groups that, even before doing business with Venezuela, were not alien to public controversy.

Detrás de una empresa panameña que recién creada vendió en 2015 materia prima a granel al Gobierno de Nicolás Maduro reaparece el tándem de empresarios que luego acapararía buena parte del negocio de importaciones para el principal programa social y de control social del régimen chavista. La compañía fue manejada por personas del entorno cercano al dueto, que lograron jugosas ganancias en contratos millonarios con la estatal Corpovex.

Un nuevo análisis físico-químico solicitado por Armando.Info a investigadores de la UCV demuestra que la leche en polvo que en la actualidad se distribuye en el programa de asistencia alimentaria del Gobierno venezolano, aunque bajo nuevas marcas, sigue teniendo un pobre desempeño nutricional que pone en riesgo la salud de sus consumidores. Mientras tanto, un misterioso proveedor consigue monopolizar las importaciones y las ventas de México a Venezuela van en aumento.

Even though there are new brands, a new physical-chemical analysis requested by Armando.Info to UCV researchers shows that the milk powder currently distributed through the Venezuelan Government's food aid program, still has poor nutritional performance that jeopardizes the health of those who consume it. In the meantime, a mysterious supplier manages to monopolize the increasing imports and sales from Mexico to Venezuela.

The tension between the governments of Nicolás Maduro and Juan Carlos Varela is nonstop. But the surge of trade retaliations from both capitals peculiarly leaves some of the companies that since 2017 provide merchandise to Chávez’s flagship program (the Local Supply and Production Committees - Clap) unharmed. Two of these companies show the profile of opportunistic shell companies.

Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.

New documents show that the Hong Kong-registered company is one of Nicolás Maduro’s favorite to do business. While there are companies in the Venezuelan private sector that wait years for the payment of foreign currencies, in 2017, this company obtained at least two contracts for the supply of over 20 million of the boxes that the Government sells at subsidized prices, and it invoiced 113 million dollars to the Ministry of Food in just one day. The papers also confirm the connection of this company with Fondo Global de Construcción (Global Construction Fund), a network built by Colombian entrepreneurs Alex Nain Saab Morán and Álvaro Enrique Pulido Vargas, through which they obtained contracts under Hugo Chávez for the construction of prefabricated houses.

Alex Saab's name reappears. The Colombian entrepreneur, linked to the contractor Global Construction Fund, seems to reinvent himself. Thanks to a company registered in Hong Kong, he has managed to sell food to Venezuela for over 200 million dollars in a negotiation approved with Nicolás Maduro’s signature and the intermediation of the State Government of Táchira, led by José Gregorio Vielma Mora. The products, paid with preferential dollars but billed with a surcharge, have been directed to the Local Committees for Supply and Production (CLAP), the flagship program whereby the Venezuelan authorities intend to mitigate hunger.

El nombre de Alex Saab vuelve a aparecer. El empresario colombiano, relacionado con la contratista Fondo Global de Construcción, parece reinventarse. Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, ha logrado venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación aprobada con la firma de Nicolás Maduro y con la intermediación de la Gobernación del estado Táchira, que dirige José Gregorio Vielma Mora. Los productos pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio, se han dirigido a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa bandera con el que las autoridades venezolanas pretenden paliar el hambre.

The accomplished election of the National Constituent Assembly has flourishing businesses between Mexico and Venezuela in suspense. The country of North America has considered adhering to the trade sanctions announced by Washington, now that the chavista regime will cease the Parliament elected in 2015 and will initiate a raid against the political opposition. If the decision materializes, it will be a blow to the flourishing trade exchange between the two countries, which has allowed stocking the Local Supply and Production Committees, President Nicolás Maduro’s emergency plan to face shortages and the discontent of the population with Mexican supplies. It is a silent business, marked by opacity, from which entrepreneurs linked to the Venezuelan regime, as Samark López and Alex Saab, have benefited.

In Mexico, there is a long tradition of cheating in the supply of dairy products packaged for social programs. Hence, it should not be surprising that the Venezuelan corruption had found in that country the perfect formula to include in the so-called CLAP Boxes a paste purchased at auction price as cow's powdered milk. For a mysterious reason, ghostly or barely known companies are the ones monopolizing purchase orders from Venezuela.

Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.

Gassan Salama, a Palestinian-cause activist, born in Colombia and naturalized Panamanian, frequently posts messages supporting the Cuban and Bolivarian revolutions on his social media accounts. But that leaning is not the main sign to doubt his impartiality as an observer of the elections in Venezuela, a role he played in the contested elections whereby Nicolás Maduro ratified himself as president. In fact, Salama, an entrepreneur and politician who has carried out controversial searches for submarine wrecks in Caribbean waters, found his true treasure in the main social aid and control program of Chavismo, the Clap, for which he receives millions of euros.

Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.

Adrián Perdomo Mata has just entered the list of sanctioned entities of the US Department of the Treasury, as president of Minerven, the state company in charge of exploring, exporting and processing precious metals, particularly gold from the Guayana mines. His arrival in office coincided with the boom in exports of Venezuelan gold to new destinations, like Turkey, to finance food imports. Behind these secretive operations is the shadow of Alex Saab and Álvaro Pulido, the main beneficiaries of the sales of food for the Local Supply and Production Committee (Clap). Perdomo worked with them before Nicolás Maduro placed him in charge of the Venezuelan gold.

Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada

Hurried by the drop of oil prices and the collapse of oil production, Nicolás Maduro bets on the Orinoco Mining Arc as a formula to increase the resources that are so scarce in the national coffers. Under the "joint venture" system, the Government has ended up agreeing with companies insufficiently known in the extra-activist industry, like Corporación Faoz. Among the beneficiaries is Gold Reserve, the Canadian mining company that Hugo Chávez expelled from Venezuela years ago. The Paradise Papers filtering shows that both have registered companies in that tax haven called Barbados.

A study by Mexican authorities confirms what the palate of the Venezuelans quickly detected: There is something odd in the Mexican canned tuna that comes in the combos of the Local Supply and Production Committee (CLAP). At least three of the brands that the poorest homes have consumed in the country since March 2016, when the state plan was formalized, have high proportions of soy, a vegetable protein that although not harmful, it does not have the same taste and protein contribution of tuna. Behind the addition of soy there is an operation to reduce costs where all the intermediaries, handpicked by the Venezuelan Government to buy the goods, have participated.

Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.

Multiple indications suggest that Colombian entrepreneur Alex Saab, one of the largest suppliers of the food programs of the Government of Nicolás Maduro and target of the police investigations of several countries, participates in the opaque exchange of precious metals for consumer goods established between Venezuela and Turkey. The new president of the state company Minerven being a former employee of his, is just one of the clues.

Sin utilizar sus nombres directamente los colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab se las ingeniaron para llevarse una buena tajada de los dólares preferenciales repartidos por el régimen de Nicolás Maduro en 2014 a través del denominado Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong hicieron de vendedores de mercancía para varias de las compañías previamente adjudicadas en las subastas, lo que dejó en sus cuentas bancarias de Panamá unos 120 millones de dólares. Todo antes de convertirse en los grandes proveedores de los alimentos subsidiados para el programa estatal de los CLAP

Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.

La suerte de la dupla empresarial colombiana parece terminar. La sanción del Departamento del Tesoro los coloca en el ojo del huracán y los vincula directamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Iniciaron sus negocios con el chavismo en 2011, pero a partir de 2013, con Maduro en la presidencia, se multiplicaron. Amigos de la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, terminaron siendo los grandes beneficiarios de las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), herederos en la sombra de la red de Abastos Bicentenario, recibieron de Pdvsa un millonario contrato para explotación petrolera y hasta en la presidencia de la estatal Minerven llegó un exempleado suyo. Su eventual derrumbe puede alcanzar a la pareja presidencial.

Su construcción masiva en barrios populares de todo el país fue la solución que en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad. Pero de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono. A pesar de esa ruina, el proyecto fue un negocio fértil para los empresarios que estaban detrás, los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, sancionados hace poco por el Departamento del Tesoro estadounidense. El dúo logró un contrato que, en cuestión de semanas, pasó de 60 a 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un ente subordinado al Despacho de la Presidencia y por cuya directiva pasaron el hijo mayor y un sobrino de la primera dama, Cilia Flores.

Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.

El domingo 5 de enero de 2020 el chavismo juramentó, contra viento y marea, a una Junta Directiva "paralela" para la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del estado Yaracuy, Luis Parra. Justamente fue Parra quien, junto a otros parlamentarios recientemente expulsados de partidos de oposición -algunos también parte de esta directiva "a la medida" del oficialismo-, conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP. Este reportaje, publicado el pasado 1 de diciembre, puso a la luz estas irregularidades que llevaron a que el público bautizara al grupo de diputados como la "Fracción CLAP".

For some months now, parliament members of different opposition political parties have been offering to make informal proceedings on request before agencies like the Colombian Attorney General's Office and the United States Department of the Treasury. They issue letters of good conduct to those responsible for negotiations on the imports for CLAP combos, so that such agencies absolve or stop investigating entrepreneurs like Carlos Lizcano, a subordinate of the already sanctioned Alex Saab and Alvaro Pulido. The fact that the most active defense of the main social program and focus of corruption of the government of Nicolas Maduro comes from the heart of the National Assembly 'in contempt' is just one of the ironies of this story.

Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritario de oposición. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap. Durante el tour, que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de chaperón un asociado a Saab y su clan, dueño también de la agencia de viajes donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional.

Un pequeño banco de Antigua y Barbuda, pero controlado por venezolanos, está en el centro de algunas operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro. Creado en 2008 y con rastro difuso durante años, el North International Bank comenzó a despuntar en 2016 cuando se autorizó su operación en Caracas. Desde entonces canaliza millones de dólares de paso a y desde las arcas de la ‘nomenklatura’ revolucionaria.

Los empresarios colombianos que se consagraron como los contratistas preferidos de Nicolás Maduro ya no sólo canalizan sus intereses a través de un laberíntico portafolio de empresas y accionistas ‘offshore’. Para entrar de lleno en industrias básicas, desde hace algún tiempo encargan a ciertos individuos, allegados a sus negocios y dispuestos a atravesar en cualquier dirección el umbral entre los sectores público y privado, para posesionarse de compañías del Estado venezolano. Así hicieron con Minervén y estuvieron a punto de hacerlo con la productora de fertilizantes en Barranquilla, Monómeros Colombo Venezolanos, quizás solo detrás de Citgo, la propiedad más valiosa de la República en el exterior.

Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.

El segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, después de Citgo, esconde una historia reciente en la que sus ejecutivos, poco antes de dejar las riendas de la estatal venezolana en Barranquilla, pactaron negocios con una empresa privada que a la postre comprarían. Se trata, además, de una compañía cuyo origen está ligado al mundo empresarial del principal contratista que favorecieron durante años siendo directivos de Monómeros. Hoy, incluso, compite en el mercado de fertilizantes contra la filial de Pequiven en Colombia.

El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.

Con multas irrisorias y un breve congelamiento de cuentas, autoridades mexicanas dijeron haber sancionado en 2018 a las empresas de ese país que participaron en el esquema millonario que surtió de productos a las cajas Clap, incluyendo aquellas que vendieron leche en polvo de pésima calidad nutricional. Con Alex Saab -arquitecto y cabeza de estas operaciones- detenido en Cabo Verde hace tres semanas, en México comienzan a revelarse las irregularidades de una investigación que parecía haber hecho justicia. Al final, fue un castigo que ni dolió ni reparó a nadie.

Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar; un misterioso avión de transporte ruso; un barco anclado en una isla paradisíaca: son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro de su cautiverio, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso, justo cuando se cumple un mes de su detención. 

Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.

Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba un intercambio humanitario de petróleo por mercancías para burlar las sanciones comerciales y financieras impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Tras ser él mismo sancionado, sale a relucir su vínculo con un joven empresario de Venezuela, vástago de una familia de la alta sociedad caraqueña.

Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo, resultó reveladora. De acuerdo a documentos de los tribunales de Sofía, 158 millones de dólares quedaron congelados en cuentas manejadas por un turbio abogado de ese país, quien también controlaba dineros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que tiene entre su clientela a Lorenzo Antonelli, cuñado de la esposa de Saab y cabeza de varias sociedades que forman parte de su red de negocios.

El avión con matrícula venezolana, cargado con armas e incautado en Estados Unidos el fin de semana pasado, era parte de la flotilla privada, pilotada por ex oficiales de la Fuerza Aérea, de la que disponían para viajes de negocios y placer los dos comerciantes colombianos, proveedores favoritos del régimen de Nicolás Maduro. Si bien sigue siendo un misterio el destino que se le iba a dar al arsenal, hay pistas para sospechar que formaba parte de una maniobra que se iniciaría en el Caribe para liberar a Alex Saab en Cabo Verde.  

La peregrinación de Luis Parra y otros seis diputados en defensa de Alex Saab llegó hasta el Vaticano. En mayo de 2019, un mes después de haber completado una gira secreta por varios países europeos para blanquear los negocios del empresario colombiano, también suplicaron ante la Santa Sede por el principal contratista de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde. Aunque esa visita fue pública, en realidad, los parlamentarios no contaron todo lo que hicieron… y solicitaron. 

El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos. Se comprobó además que transacciones realizadas desde esa entidad con allegados y fachadas corporativas de Saab en 2016 y 2017 despertaron suspicacias entre funcionarios del sistema financiero de Estados Unidos.