Una anónima empresa china de ingeniería civil salió a relucir en las noticias internacionales de febrero pasado. Se trataba de Camc, beneficiada con importantes contratos del Gobierno boliviano mientras la exnovia del presidente Evo Morales actuó como su gerente local. Pero ya para entonces tenía tiempo operando en Venezuela. Desde 2003 ha obtenido del régimen chavista proyectos por más de 3.000 millones de dólares. A pesar de un desempeño plagado de irregularidades técnicas y administrativas, acaba de recibir un jugoso trofeo: la certificación de yacimientos en el Arco Minero del Orinoco.

Sobrefacturación, de hasta tres veces el valor original, en mercancía, fletes y seguros; exportaciones incompletas; pagos iniciales desproporcionados; empresas creadas ad hoc días antes de recibir contratos; desvío de fondos a cuentas de paraísos fiscales: de todo aparece en el menú de tretas usadas por el empresario Juan José Levy para quedarse con la parte del león en los contratos que suscribió para suministrar desde Argentina antenas de TV, productos de higiene y medicinas al Estado venezolano. Un vistazo al dictamen de investigación judicial argentina revela tal diversidad de irregularidades que cuesta entender por qué las empresas oficiales Suvinca u Cantv lo escogieron como proveedor, O quizás no.

Una empresa con menos de un año de registrada y sólo tres empleados fungió como comercializadora del evento, que arranca desde hoy hasta el domingo en el Poliedro de Caracas. Uno de los socios detrás de la empresa, denominada Multiservicios Virgemis, es una persona cercana a Ysmel Serrano, quien a su vez es hombre de confianza de Tareck El Aissami, Vicepresidente de la República. Multiservicios Virgemis cobró por el espacio en la exposición y por el patrocinio de la feria en la que el Gobierno pretende mostrar una vitrina de la economía distinta a la de los anaqueles vacíos.

El Gobierno de Nicolás Maduro le entregó a China la fabricación a gran escala del cuatro venezolano. Ha privado más la política de masificar el instrumento, con el propósito de sumarlo al archiconocido Sistema Nacional del Orquestas Infantiles y Juveniles, creado por José Antonio Abreu, que la calidad que supone su artesanal armado. No es, como parece, solo una resignación cultural o una contradicción con el discurso nacionalista de los históricos camaradas de la autodenominada revolución bolivariana. Cada unidad fabricada en el Lejano Oriente es un negocio para los importadores y termina costando casi lo mismo que la guitarrilla fabricada en el país.

A Jhon Quiroz se le ha visto de copas por Colombia. Mientras, la justicia bolivariana mandó a pedir a un homónimo en Panamá, a quien primero encerró en la cárcel y luego apenas le dijo perdón antes de soltarlo. La Fiscalía venezolana todavía no reconoce en público que perjudicó a un ciudadano equivocado. ¿Error o práctica común? Mientras el caso se dilataba, los magistrados colombianos aprobaron la extradición del verdadero implicado en el fraude que afectó a 7.000 personas, quienes pagaron importantes cifras para comprar automóviles de marca china, pero que nunca recibieron.

Un venezolano solicitado por la justicia fue extraditado desde Colombia. Se le busca juzgar por su promesa engañosa a distintos inversionistas, a quienes hizo participar en una empresa de comercialización de equipos médicos en el país y en el exterior para luego quedarse con el dinero. Pero el hombre, que trabajó en la industria petrolera y a quien, según testimonios, se le veía en Pdvsa, registró una empresa de exportación de petróleo en Islas Vírgenes Británicas.

“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.

Un doble prodigio ocurre en el estado del norte costero venezolano, cuenca petrolera por tradición: el desabastecimiento aprieta poco, por un lado, y por el otro, el Gobernador chavista Arias Cárdenas trabaja de la mano con los contrabandistas, a quienes el cierre de la frontera con Colombia, hace un año, pretendía castigar. Acompañamos a la caravana de vehículos de carga que ahora, con escolta militar y gracias al pragmatismo de la administración local, lleva provisiones desde Paraguachón, en La Guajira, a Maracaibo.

El propio presidente de Venezuela se empeñó hace tres años en exponer estas tiendas de electrodomésticos como una muestra de la usura capitalista y pidió entrar a saco en ellas para “que no quede nada en sus anaqueles”. El llamado ‘Dakazo’ llevó a la extinción a todo un sector del comercio. Lo curioso es que el pecador original no solo sobrevivió a su competencia, sino hasta a los organismos que entonces lo sancionaron. El propio Estado que lo trataba con desprecio, ha seguido recompensando al grupo empresarial detrás de Daka con el acceso a divisas preferenciales.

En dos países de regímenes “bolivarianos”, Ecuador y Venezuela, la inversión china ha encontrado durante los últimos diez años unos socios ávidos de negocios. El gigante asiático ha inyectado en ambas naciones ingentes recursos financieros y para obras de infraestructura. Muchas de ellas inconclusas. Pero la otra cara de la moneda está en las condiciones impuestas a los socios en los contratos leoninos que hacen suscribir las entridades y empresas chinas a sus pares locales: en pleno s. XXI, la previsible potencia del futuro impone cláusulas del s. XIX, como la suspensión de leyes laborales, importación de mano de obra, derechos de uso exclusivo, financiamientos más caros, pagos en divisas extranjeras, entre otros privilegios decimonónicos.

El empresario venezolano levantó sigilosamente una compleja estructura corporativa hasta que en febrero pasado el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. La filtración de los Paradise Papers ahora revela que su patrimonio empresarial es más amplio al bloqueado inicialmente por las autoridades norteamericanas y que la isla de Barbados fue la escogida para crear una suerte de holding que agrupara a las compañías con las que participó en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, y a través de las cuales consiguió millonarios contratos con el gobierno venezolano.

Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orinoco como fórmula para levantar los recursos que tanto escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “empresas mixtas” el Gobierno ha terminado pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivista como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra han registrado sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados.

The Venezuelan fishing fleet and the seafood processing industry went under due to massive imports from the Government. Ironically, the shot underneath the waterline was fired by military officers in charge of overseeing the national sovereignty. A subsidiary of the Savings Bank of the Army imported tuna and other goods. The business was shielded with guaranteed access to Government currencies at preferential rates and alliances with the new business class.

The rebel prosecutor, Luisa Ortega Díaz, opened a real Pandora's box. Her accusation against Group Grand Limited not only strips the food import business for the popular Local Supply and Production Committee (CLAP). It also confirms that the businessman from Barranquilla, Alex Nain Saab Morán, hitherto linked to former Colombian senator, Piedad Córdoba, is also a hinge of President Nicolás Maduro. From the port of Veracruz, at least 7 million boxes of food have been shipped to Venezuela by a ghost company with no permanent office in Caracas or Mexico, and thanks to a millionaire contract with the Venezuelan government.   

The 'eternal commander' of the Bolivarian Revolution wanted to have his chain of socialist supermarkets and to that end he ordered the expropriation of the Éxito Stores in 2010, which he believed to be Colombian. By the time he found out that they belonged to the French Casino Group, it was too late: the Paris government had intervened and obtained not only a hefty payment for the business, but also helped retain a French participation in what became Abastos Bicentenario. Seven years later, when the supply chain languishes, the French continue to sell up to 3,000 tons a year of non-food products through a company in Panama. 

A mediados de 2013 Jorge Alfredo Silva Cardona trabajaba como técnico administrativo del Seniat. Tres años y medio después se ha convertido en el timón del Grupo JHS, la fachada que se levantó a la sombra del millonario negocio entre los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la compañía brasilera JBS. Este conglomerado es propietario del Deportivo Táchira y comienza a ser conocido como un jugador de renombre en el cada vez más exclusivo negocio de la importación de alimentos básicos en Venezuela. El exempleado de la oficina de tributos parece tener el know how que se necesita para triunfar en una economía de puertos.

El ‘comandante eterno’ de la Revolución Bolivariana quiso tener su cadena de supermercados socialistas y para eso mandó a expropiar en 2010 las tiendas Éxito, que creía colombianas. Para cuando se enteró de que pertenecían al francés Grupo Casino, ya era tarde: el Gobierno de París había intervenido y consiguió no solo un pago jugoso por el negocio, sino que ayudó a conservar una participación francesa en lo que pasó a ser Abastos Bicentenario. Siete años más tarde, cuando la red de abastos languidece, los franceses siguen vendiéndole hasta 3.000 toneladas al año de productos no alimenticios a través de una empresa en Panamá.

Mientras el negocio de las aerolíneas caía en Venezuela, el coronel retirado de la Aviación Pedro Cestari Navarro, amigo del poderoso y también militar Giuseppe Yoffreda, fundó una línea aérea propia con vuelos nacionales e internacionales que no ha parado de crecer desde 2014. El apoderado de la filial panameña es también un militar, el general retirado Noel Santiago López Capriata. Con la compañía, el turpial pasó de ser el ave tradicional venezolana, al símbolo del vuelo de las elites castrenses en la economía del país caribeño.

In Mexico, there is a long tradition of cheating in the supply of dairy products packaged for social programs. Hence, it should not be surprising that the Venezuelan corruption had found in that country the perfect formula to include in the so-called CLAP Boxes a paste purchased at auction price as cow's powdered milk. For a mysterious reason, ghostly or barely known companies are the ones monopolizing purchase orders from Venezuela.

En México hay una larga tradición de trampas en el suministro de productos lácteos empacados para programas sociales. Así que no debe extrañar que en ese país la corrupción venezolana haya conseguido la fórmula perfecta para hacer pasar en las llamadas Cajas CLAP un engrudo adquirido a precio de remate por leche de vaca en polvo. Por una misteriosa razón, empresas fantasmales o apenas conocidas son las que acaparan las órdenes de compra expedidas desde Venezuela.

Leonardo González Dellán headed Banco Industrial de Venezuela (BIV) from 2002 to 2004. The papers of Mossack Fonseca reveal that, in this period, which also coincided with the establishment of the exchange control and the birth of the extinct Cadivi, he was related to overseas companies.

Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca revelan que, en ese período, que además coincidió con la instauración del control de cambio y el nacimiento de la extinta Cadivi, estuvo relacionado con empresas de ultramar

The chemical analysis of eight Mexican brands that the Venezuelan government supplies to the low-income population through the Local Supply and Production Committee (CLAP), gives scientific determination to what appeared to be an urban legend: it may be powdered, but it is not milk. The fraud affects both the coffers and the public health, by offering as food a mixture poor in calcium and proteins, yet full of carbohydrates and sodium.

La inclusión del empresario venezolano en la lista de narcotraficantes y lavadores de dinero en Estados Unidos deja al descubierto la trama de sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro: primero vendió kits para los programas de construcción de viviendas del gobierno, luego se benefició de la venta masiva de alimentos y hasta adornos decembrinos. Todo a través de una estructura que hasta ahora ha encontrado hospicio en la jurisdicción de Barbados; la pequeña isla caribeña funciona como la guarida que esconde algunos de sus activos al Departamento del Tesoro norteamericano.

La familia de origen libanés y creadora de los vehículos militares Tiuna es quien realmente controla la operación de ensamblaje de los vehículos de la marca china. En lo que formalmente se trata de una “empresa mixta” que el Gobierno califica como una “experiencia exitosísima”, el grupo se ha asegurado una porción mayoritaria de acceso a las divisas del negocio de importación de partes y material de ensamblaje a través de una estructura corporativa offshore.

The family of Lebanese origin and creator of Tiuna military vehicles is the one who really controls the assembly operation of the Chinese make cars. It is formally a "mixed company" that the Government qualifies as a "highly successful experience", used by the group to secure a majority share of access to the foreign currency of the business to import parts and assembly material through an offshore corporate structure.

El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.

La tensión entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela no cesa. Pero la escalada de represalias comerciales que se libra desde ambas capitales curiosamente deja ilesas a algunas de las empresas que desde 2017 proveen mercancía al programa bandera del chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Dos de esas compañías muestran el perfil propio de empresas de maletín oportunistas.

Una mano del gobierno de Nicolás Maduro ni se entera de lo que la otra hace en el Sáhara Occidental, la ex colonia española que Marruecos se anexó ilegalmente desde 1975. Mientras el chavismo promete solidaridad al movimiento independentista saharaui del Frente Polisario, las empresas petroquímicas del Estado venezolano le siguen comprando al invasor valiosos cargamentos de fosfato extraídos de minas en los territorios ocupados.

One hand of the government of Nicolás Maduro does not even know what the other hand does in Western Sahara, the former Spanish colony that Morocco illegally annexed itself in 1975. While the Chavismo pledges solidarity to the Saharawi pro-independence movement of the Polisario Front, the Venezuelan state's petrochemical companies continue to buy from the invader valuable phosphate cargoes extracted from mines in the occupied territories.

La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.

La consumada elección de la Asamblea Nacional Constituyente mantiene en vilo a los florecientes negocios entre México y Venezuela. El país de América del Norte se ha planteado adherirse a las sanciones comerciales anunciadas por Washington ahora que el régimen chavista cesará al Parlamento elegido en 2015 e iniciará una razzia contra la oposición política. Si la decisión se concreta será un golpe bajo al floreciente intercambio comercial entre los dos países, que ha permitido surtir con insumos mexicanos a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, el plan de emergencia del presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la escasez y al descontento de la población. Un negocio silencioso, marcado por la opacidad, del que se han lucrado empresarios ligados al régimen venezolano como Samark López y Alex Saab

La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.

El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.

La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda el negocio de la importación de alimentos para los populares Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Viene a confirmar también que el empresario barranquillero, Alex Nain Saab Morán, hasta ahora ligado a la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, es también una bisagra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el puerto de Veracruz han salido hasta Venezuela al menos 7 millones de cajas con comida despachadas por una fantasmal sociedad sin oficina permanente en Caracas ni México, y gracias a un millonario contrato con el Gobierno venezolano.

El nombre de Alex Saab vuelve a aparecer. El empresario colombiano, relacionado con la contratista Fondo Global de Construcción, parece reinventarse. Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, ha logrado venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación aprobada con la firma de Nicolás Maduro y con la intermediación de la Gobernación del estado Táchira, que dirige José Gregorio Vielma Mora. Los productos pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio, se han dirigido a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa bandera con el que las autoridades venezolanas pretenden paliar el hambre.

Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.

La tensión entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela no cesa. Pero la escalada de represalias comerciales que se libra desde ambas capitales curiosamente deja ilesas a algunas de las empresas que desde 2017 proveen mercancía al programa bandera del chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Dos de esas compañías muestran el perfil propio de empresas de maletín oportunistas.

La persona jurídica registrada en Hong Kong, vinculada a los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, parece ser el gran aliado del Gobierno de Nicolás Maduro. Los contratos millonarios para el suministro de millones de cajas CLAP, el programa bandera del sucesor de Hugo Chávez, apenas fueron el comienzo. La empresa, cuyo rastro en Venezuela es nebuloso, también funge como la intermediaria del Ministerio de Salud en la compra de los medicamentos que tanto escasean en los hospitales y farmacias del país.