En los últimos cinco años han fallecido veinte indígenas en la Guajira venezolana luego de la militarización de sus territorios. Muchos otros viven con temor y amenazados por una pretendida guerra que libra el Ejército contra el contrabando. El confinamiento a un espacio geográfico que ha supuesto la masiva presencia de las fuerzas armadas venezolanas ha alterado las ancestrales costumbres de la etnia más numerosa del Venezuela

La resistencia aborigen que se celebra el 12 de octubre tiene desde hace cuatro años una nueva expresión en Musukpa, a orillas del río Paragua, estado Bolívar. Nativos de diversas etnias, con los pemones a la cabeza, se organizaron para desarmar a las fuerzas militares y hacer frente a bandas criminales que pretenden controlar los yacimientos de oro de la zona, que hoy es prácticamente territorio liberado. Pero no una utopía.

Mientras las revelaciones de la Operación Lava Jato siguen estremeciendo a Brasil, varias de las empresas acusadas allá de confabularse para ganar contratos de Petrobras trabajan para el Gobierno de Venezuela, que las favoreció desde 2007 con negocios por más de 20.000 millones de dólares. No es solo Odebrecht: también Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão, se esfuerzan por mantenerse a la vez operativas y por debajo del radar del escrutinio público.

Former combatants of what was the largest guerrilla in Latin America - who separated from the peace agreement signed in 2016 - are in a process of transition and rearrangement of criminal structures, where illicit drug trafficking and illegal mining continue to be the main focal points, now in Venezuelan territory. They have met with indigenous peoples and communities in Amazonas to formalize their presence in the territory, affirming that they have the support of the Venezuelan Government. But they also move to lands of the Orinoco Mining Arc, where they even control coltan mines.

The Aboriginal resistance celebrated on October 12 has had for the last four years a new expression in Musukpa, on the banks of the Paragua river, state of Bolívar. Natives of various ethnic groups, led by the Pemones, organized themselves to disarm the military forces and confront criminal gangs that seek to control the gold deposits in the area, which is now practically liberated territory. But not a utopia.

Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.

La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.

Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado por cables florecieran el desarrollo, el comercio y la seguridad, pero el plan terminó en otra promesa incumplida para una barriada atragantada de ellas. El único kilómetro de trayecto que cubre el Cabletrén en la localidad de Petare mueve a 16 personas en cuatro vagones, pero quizás su espejismo ayudó a Hugo Chávez a obtener su última victoria electoral en 2012. Onerosas modificaciones presupuestarias en favor de los contratistas Odebrecht y Doppelmayr dieron lugar a una ruina instantánea.

Extraviado en la espesa niebla de El Ávila, el teleférico hacia La Guaira, en el litoral venezolano del Mar Caribe, es un fantasma que se balancea entre el abandono, la corrupción y las promesas. Sin estudio ambiental o de riesgo, entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se fraguó un proyecto de recuperación de ese tramo que involucra a las empresas Dopplemayr, Alfamaq y la estatal Venezolana de Teleféricos, señaladas por actos de corrupción e irregularidades por la Contraloría General de la República. Hasta la fecha y sobre informes fraudulentos de las autoridades ambientales se ha pagado más de la mitad del proyecto -que pasó de un trazado de ocho a 39 torres- pero las máquinas ni siquiera han llegado a Venezuela

Gianfranco Napolitano pasó de tener una ferretería en el pueblo llanero de Tinaquillo a levantar más de 40 empresas entre Estados Unidos y Panamá. En el camino dejó una estela tan controversial que ni siquiera el bufete de Mossack Fonseca quiso tenerlo como cliente. Del chavismo obtuvo varios contratos públicos en el estado Yaracuy, desde donde huyó tras las acusaciones por corrupción contra el ex gobernador Carlos Giménez. Recientemente, mientras en Miami se declaraba en bancarrota, ponía su plataforma de medios a la orden del diputado Luis Parra, cabecilla de la llamada ‘fracción Clap’ que en enero intentó tomar por asalto la directiva de la Asamblea Nacional.