De un día para otro, el exgobernador chavista del estado Bolívar entre 2004 y 2017, saltó del desmesurado exhibicionismo mediático al bajo perfil. Su partida a México completó el círculo del plan de retiro que se había venido preparando durante su gestión pública: ahora se alojaba en el mismo país donde florecían las empresas del esposo de su hija, a las que tanto había favorecido desde sus cargos en Guayana. Con sanciones financieras impuestas a su persona por Canadá y Estados Unidos, hoy Francisco José Rangel Gómez prefiere pasar agachado.  

Sometidos en su hábitat natural en el estado Delta Amacuro al hambre y a las enfermedades, condenados muchas veces a esperar su turno para morir, los indígenas venezolanos de la etnia warao comenzaron a movilizarse a Puerto Ordaz, todavía a orillas del Orinoco, donde encontraron una paradójica tabla de salvación en Cambalache, el vertedero del que sacaban comida podrida para llevarse a la boca y chatarra para revender. Pero el cierre del gigantesco basurero los ha empujado al contrabando de gasolina, un oficio con el que integran el eslabón más bajo de una cadena de explotación que involucra a la Guardia Nacional, a la Policía del estado Bolívar y también a caciques y familias de su propia etnia.

The former chavista governor of the State of Bolívar from 2004 to 2017 changed overnight from excessive media exhibitionism to low profile. His departure to Mexico completed the circle of the retirement plan he had been preparing while on civil service. He was now staying in the same country where the businesses of his daughter's husband flourished, which he had significantly fostered from his positions in Guayana. Now, with financial sanctions imposed on him by Canada and the United States, Francisco José Rangel Gómez prefers to stay under the radar.

Desde el comienzo de la epidemia de sarampión en julio de 2017, al sur de Venezuela, seis países sudamericanos están afectados por casos provenientes de la que alguna vez fue la nación más rica y moderna de la región. Dos años después del brote, no se ha podido controlar la enfermedad.

Una conveniente aleación de serendipia de inspiración divina y conexiones con amigos bien ubicados blindó el ascenso económico de Jesús Alfredo Vergara Betancourt en Guayana. Adepto a modular su imagen pública, apenas la expone con las acciones filantrópicas de su fundación y clínica. Pero solo cierta voracidad de hombre de negocios puede explicar cómo sacó provecho de los vaivenes de la gestión 'socialista' de las languidecientes empresas básicas, para pasar de manejar una farmacia de vecindad a ser uno de los mayores comercializadores de aluminio desde y para la industria pesada venezolana.

Con una mezcla de clarividencia y audacia, el hombre más rico de Venezuela ya venía internacionalizando sus negocios desde hace tiempo. Pero las últimas adquisiciones de Juan Carlos Escotet para seguir expandiéndolos llevan hasta al observador más distraído a arquear las cejas. En febrero de este año anunció la compra de un banco portugués que sirvió de pivote para saquear las arcas de un país africano, operación que finalmente abandonó a finales de junio "al no haberse cumplido las condiciones pactadas". Meses antes, se había hecho del control de la sucursal en Florida del liquidado Banco Espirito Santo, también de Portugal, que con anterioridad había sido fruta de tentación para el banco suizo preferido de la boliburguesía. ¿Qué motiva esas jugadas de alto riesgo reputacional?

Como si fuera una dimensión paralela en la que se tuercen las leyes del mercado global donde los precios del oro van al alza, en la zona minera del estado Bolívar la cotización del metal se ha desplomado a la mitad a raíz de la cuarentena impuesta por el coronavirus. Pero, atención, que este ‘Black Friday’ no es para todos: solo le sacan provecho quienes han cartelizado el mercado áureo local mediante la coacción y el uso de dólares, desde pandillas del crimen organizado a guerrilleros o autoridades militares. Los mineros artesanales producen a diario y necesitan vender para sobrevivir, pero lo hacen a precios de liquidación porque las medidas de confinamiento han cerrado los canales de comercialización. Mientras, otros actores acumulan oro para asegurarse una próxima bonanza.

De aquella promesa de gloria, producción y soberanía alimentaria a través de una red de empresas estatales dedicadas al agro hoy quedan, si acaso, los esqueletos que ahora manejan algunos nombres tocados por la gracia del ex comandante del 4F y actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien las adjudica sin concurso ni explicaciones. A través de “alianzas estratégicas”, una figura apenas mencionada en las leyes y una institución estatal ad hoc bautizada como Delagro, el ministro del campo parte y reparte desde 2016 y sin que nadie sepa qué pasó con la mejor parte.

La lección de química mejor aprendida por los mineros de ese rincón selvático del sureste de Venezuela es que para obtener el elemento 'Au' debes contar primero con el 'Hg'. A ella desde hace poco se le agregó otra de geografía económica: mientras más cerca de Guyana, al oriente, más barato encontrarás el codiciado 'azogue'. La apertura el año pasado de una ruta aérea entre la capital, Georgetown, y el pueblo de Eterimbán, amenazó con convertir el cruce del río, que hace de frontera entre los dos países, en un pasadizo para el contrabando del tóxico material; la Covid-19 mantiene en suspenso ese pronosticado auge. Pero de todas maneras el mercurio es allí plata líquida con la que resulta más seguro y rentable comerciar que con el mismo oro. Nadie, ni siquiera las autoridades militares, se da por enterado del decreto de Nicolás Maduro que en 2016 prohibió su uso.

Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron pagos por miles de dólares en cuentas del extranjero. Las transferencias eran abonadas por una comercializadora global de oro, con sede en Dubái, de la que ni habían oído hablar. Pero no se trataba de una promoción o de una lotería, como tarde habrían de enterarse. Eran parte, sin saberlo, de un sofisticado esquema de circulación de dinero que vio una oportunidad de propagación en la Venezuela del control de cambio y sus distorsiones, que empujaron a muchos a cubrir sus necesidades en el mercado negro de divisas. Tampoco sabían que al mismo tiempo sus nombres y transacciones eran monitoreadas desde Washington.

José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario y presidente de Fospuca, prestadora del servicio de aseo urbano en municipios de Caracas y otras regiones. De ese modo se ha dejado ver como un ejecutivo de buen gusto y mejores conexiones con el poder. Pero justo antes de hacerse de ese negocio -que gestiona, como otros de sus emprendimientos, con criterios de firma familiar- este abogado venezolano recibió una transferencia por un poco más de un millón de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. El Departamento del Tesoro tomó nota en Washington.

Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo de la cuarentena que decretó el gobierno de Nicolás Maduro en marzo para frenar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, un monitoreo revela que las limitaciones se administraron a discreción durante lo que va de pandemia. La estatal Conviasa, por ejemplo, viajó más de un centenar de veces a Cuba, Irán y Rusia, esto es, una frecuencia cuatro veces superior a la de los vuelos calificados como ‘humanitarios’.

Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.

Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.   

Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.

A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.