Haber participado en el concurso Miss Venezuela fue la bendición y la maldición de Claudia Suárez, primera finalista de 2006. Si bien le permitió realizar su sueño de trabajar en televisión, también la vinculó al magnate Diego Salazar y, a la postre, a la sonada ‘trama de Andorra’ que sirvió de canal para el desfalco de 2.000 millones de dólares a la petrolera estatal Pdvsa. Según documentos revelados recientemente por la prensa española, su ‘cameo’ en ese elenco ocurrió hace casi una década, pero sale a relucir justo cuando despegaba su carrera como animadora y empresaria.

En el estado de Apure, en pleno corazón de los llanos venezolanos, de vasta tradición ganadera, el calvario de los productores y distribuidores comienza mucho antes de llegar a los canales de comercialización. La alianza cívico-militar, eje del proyecto chavista en todo el país, despoja en la zona a los vendedores entre 10 y 50 por ciento de su mercancía para cebar negocios de dudosa legitimidad. No es solo una injusticia: en medio de la crisis económica, el arrebato agudiza la escasez de alimentos y el aumento de los precios. Armando.Info fue allí para presenciar el vandalismo legalizado que afecta a los productores de quesos artesanales.   

En el mercado negro de al menos ocho estados del país se venden ilegalmente productos químicos importados por Agropatria, entre ellos el ingrediente 2,4-D, que se está vertiendo directamente en los suelos de cultivos. En el pasado las filiales de la otrora Agroisleña formulaban estos ingredientes siguiendo un riguroso procedimiento, pero entre la escasez y la corrupción esta labor apenas se realiza y los productos se venden sin control en estado puro a agricultores ávidos de herbicidas y funguicidas para proteger sus cosechas pero que al usarlos, sin saberlo, están poniendo en riesgo sus vidas y la fertilidad del suelo

Decenas de grupos de WhatssApp son las nuevas microcasas de cambio a través de las cuales los venezolanos compran y venden las divisas que permiten a cada vez más venezolanos sortear el inclemente aumento de precios en el país. Mientras se hace cada vez más común el cobro directo en dólares para adquirir bienes o servicios, el mercado de menudeo de divisas ya tiene vida propia y representa 43 por ciento de la cantidad de divisas que se transan en el país donde el bolívar perdió todo fundamento

Entre 2017 y lo que va de 2018, la estatal Agropatria -fruto de la expropiación de Agroisleña- ha importado productos químicos de una empresa panameña cuyos dueños, un matrimonio venezolano, fueron demandados civilmente e investigados penalmente en los Estados Unidos, por estar involucrados en ‘negocios de transmisión de dinero sin licencia’. Luego de esto, concentraron su actividad empresarial en Panamá, donde el bufete Mossack Fonseca les ayudó a crear algunas empresas, apenas una fracción de una maraña de casi 70 compañías en la que les acompaña un joven médico venezolano.

Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.

Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.

Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.  

Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.

Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.