Haber participado en el concurso Miss Venezuela fue la bendición y la maldición de Claudia Suárez, primera finalista de 2006. Si bien le permitió realizar su sueño de trabajar en televisión, también la vinculó al magnate Diego Salazar y, a la postre, a la sonada ‘trama de Andorra’ que sirvió de canal para el desfalco de 2.000 millones de dólares a la petrolera estatal Pdvsa. Según documentos revelados recientemente por la prensa española, su ‘cameo’ en ese elenco ocurrió hace casi una década, pero sale a relucir justo cuando despegaba su carrera como animadora y empresaria.

En el estado de Apure, en pleno corazón de los llanos venezolanos, de vasta tradición ganadera, el calvario de los productores y distribuidores comienza mucho antes de llegar a los canales de comercialización. La alianza cívico-militar, eje del proyecto chavista en todo el país, despoja en la zona a los vendedores entre 10 y 50 por ciento de su mercancía para cebar negocios de dudosa legitimidad. No es solo una injusticia: en medio de la crisis económica, el arrebato agudiza la escasez de alimentos y el aumento de los precios. Armando.Info fue allí para presenciar el vandalismo legalizado que afecta a los productores de quesos artesanales.   

En el mercado negro de al menos ocho estados del país se venden ilegalmente productos químicos importados por Agropatria, entre ellos el ingrediente 2,4-D, que se está vertiendo directamente en los suelos de cultivos. En el pasado las filiales de la otrora Agroisleña formulaban estos ingredientes siguiendo un riguroso procedimiento, pero entre la escasez y la corrupción esta labor apenas se realiza y los productos se venden sin control en estado puro a agricultores ávidos de herbicidas y funguicidas para proteger sus cosechas pero que al usarlos, sin saberlo, están poniendo en riesgo sus vidas y la fertilidad del suelo

Decenas de grupos de WhatssApp son las nuevas microcasas de cambio a través de las cuales los venezolanos compran y venden las divisas que permiten a cada vez más venezolanos sortear el inclemente aumento de precios en el país. Mientras se hace cada vez más común el cobro directo en dólares para adquirir bienes o servicios, el mercado de menudeo de divisas ya tiene vida propia y representa 43 por ciento de la cantidad de divisas que se transan en el país donde el bolívar perdió todo fundamento

Entre 2017 y lo que va de 2018, la estatal Agropatria -fruto de la expropiación de Agroisleña- ha importado productos químicos de una empresa panameña cuyos dueños, un matrimonio venezolano, fueron demandados civilmente e investigados penalmente en los Estados Unidos, por estar involucrados en ‘negocios de transmisión de dinero sin licencia’. Luego de esto, concentraron su actividad empresarial en Panamá, donde el bufete Mossack Fonseca les ayudó a crear algunas empresas, apenas una fracción de una maraña de casi 70 compañías en la que les acompaña un joven médico venezolano.

Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.

Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.

Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.  

Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.

Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.

No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa

Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre   se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.

Two entrepreneurs from Peru, Yosef Maiman and Sabih Saylan, participated as intermediaries in the irregular payments of Odebrecht, through offshore structures, to the former president of that country. They are part of a "shell companies" structure built by Mossack Fonseca, as shareholders of the private cable TV and telephone operator in Venezuela, Inter. Even the Panamanian law firm suspected that it was being used for money laundry. Meanwhile, another firm of the group contracted works with the Chavista State.

Every Venezuelan court must be made up by a judge, a secretary and a bailiff. One of the members of this tripod, as to the court in charge of the case of the Justice First party deputy, is usurping functions since he does not meet the requirements to hold the position. That automatically invalidates that instance. This is the most recent legal irregularity in this case, where not all officials sign their acts, lawyers do not know the file, and the Constitution has been openly violated.

Comercializadora Columbia es una de las dos empresas mexicanas -junto a NG Logística- que sirven de canal o intermediario para que corporaciones gigantes -como Glencore o Casillo- o emprendimientos casi desconocidos -como la portuguesa Inglewood- participen en el negocio de dar de comer a la Venezuela sin exponer sus reputaciones. Ambas compañías aparecen entre los mayores proveedores graneleros -principalmente de maíz- en los reportes de los puertos venezolanos, con Puerto Cabello en primer lugar. A la vez, recibían incentivos del Estado mexicano para la exportación, aunque los verdaderos consignatarios fueran de otros países.

Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.

Agotada de funcionar en un país en crisis y bajo fuertes críticas sobre su operatividad, la empresa que manejaba los servicios automatizados de chequeo y embarque en el principal aeropuerto del país organizó una retirada parcial. En su lugar dejó a cargo una representación que reposa en dos compañías -desconocidas para las líneas aéreas que aún operan en Venezuela- relacionadas con un importante grupo empresarial de origen libanés, que hasta el año pasado solo manejaba las tiendas de duty free, pero que firmaron con el Estado venezolano un contrato que incluye también refacciones en la estructura y equipos del aeropuerto. Las líneas aéreas se niegan a firmar un contrato de servicios con los nuevos operadores, que redoblaron el costo de sus servicios.

Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.