De ser reconocido en la isla de Margarita como heredero de los pintorescos Ranchos de Chana, ha pasado a cultivar otra fama fuera de Venezuela. En Miami, Florida, terruño del exilio cubano y más recientemente del venezolano, Pedro José Castillo Uzcátegui se presenta como un visionario hombre de negocios, pero en la práctica ha consolidado una serie de fraudes que lo han circunscrito a la lista de los buscados por Interpol.

Una compañía vinculada a un grupo empresarial bajo investigación en Panamá obtuvo en 2013 -junto a otras dos grandes asignaciones- el contrato para el nuevo estadio de béisbol de Caracas, a cuya culminación el presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar que se le dé prioridad. ¿Cómo terminó beneficiado por el sucesor de Chávez el mismo emporio familiar que, como las pesquisas posteriores mostrarían, estaba siendo consentido al mismo tiempo por el Gobierno del neoliberal, y hoy prófugo, Ricardo Martinelli?

Mundo Digital USA, una empresa creada en Florida, y relacionada con otra compañía asentada en Madrid, está usufructuando casi todo el acervo musical de Venezuela luego de una sospechosa y poco clara operación. Se trata de una situación derivada del cambio de paradigma de consumo de las canciones y de cierta displicencia de las principales casas disqueras y los encargados de sus sellos, quienes no supieron advertir a tiempo los cambios legados por la tecnología. Los afectados -cantantes, compositores- siguen siendo los damnificados de siempre. El dinero que deberían devengar por sus creaciones llega incompleto y, a veces, nunca llega.

En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”

Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.

From being recognized in Margarita Island as the heir of the picturesque “Ranchos de Chana” (Chana’s slums) he has come to raise a different reputation outside Venezuela. In Miami, Florida, land of the Cuban exile and more recently of the Venezuelan exile, Pedro José Castillo Uzcátegui presents himself as a visionary business man, although in practice he has become a professional scammer.

More than 550 million U.S. dollars went through the cliff in some Pdvsa Agrícola (PDVSA Agriculture) facilities, which were partly built in four provinces of Venezuela. A new file of judicial documents and bank deposits of the Lava Jato operation -leaked for this report- involve Egly Ramírez (uncle of the former president of the state oil company and current ambassador of Venezuela to the United Nations, Rafael Ramírez) and other former officials in the biggest corruption scandal of recent years that established a systematic payment of bribes to people with responsibilities in the governments of Latin America, so that the Brazilian multinational could win the tenders.

Mundo Digital USA, a company created in Florida, and related to another company based in Madrid, is using almost all the Venezuelan musical heritage after a suspicious and unclear operation. This is a situation derived from the paradigm change of consumption of songs and a certain indifference on behalf of the main record labels and those in charge of their labels, who failed to notice ahead of time the changes bequeathed by technology. The affected - singers, composers - remain the usual victims. The money they should receive for their creations arrives incomplete and sometimes it never does at all.

The amount invested over 13 years in Lake Valencia in north central Venezuela, could have been used by the Chavista regime to build 18 new hospitals like the Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, (Latin American Children’s Cardiology Hospital) or a fairway like the Panama Canal. But against the flow of the 385 million US dollars dumped in the water, the basin has become the largest septic tank in Latin America. This is one of the most serious environmental problems in the region, not only because of the pollution but also because of the social cost of 8,000 families who are at risk of losing their homes and even drowning in sewage. Before addressing this situation, the regime of Nicolás Maduro prefers to help the victims of Hurricanes Harvey and Irma, and leave the neighbors abandoned to the eternal Venezuelan improvisation.

Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.

La caja registradora del empresario venezolano Carlos Dorado no ha dejado de sonar, a pesar de las polémicas. Pasó de ser el opositor perseguido por el chavismo al empresario acomodaticio que se pasó a la acera de enfrente. Ni lo uno ni lo otro, dice él. Su trayectoria revela un pragmatismo empresarial y un empeño por retribuirle al país que lo adoptó todo lo que pueda, sin importar que en el camino le toque acercarse a las brasas.

José Gregorio Vicari Méndez, an assimilated physician of the Bolivarian Army, was the successful owner of Proveeduría Médica VDS, a medical supplies company that signed hundreds of contracts with the health office during the oil boom. This finding is part of a database developed by Armando.info with the public information contained in the National Register of Contractors. Although the Organic Law of the Office of the Comptroller states that an active official could have administrative responsibility if entering into contracts with the State, Vicari Méndez, who is no longer a member of the company, presents an argument in his defend that goes beyond the tragedy of Venezuela's shortages. "If I have a patient with a requirement, if there is no material, but I know where there is, I look for it. What should I do? Should I not operate?

José Gregorio Vicari Méndez, un médico asimilado del Ejército Bolivariano, era el exitoso dueño de Proveeduría Médica VDS, la empresa que firmó un centenar de contratos con el despacho de salud en la época de la bonanza petrolera. El hallazgo forma parte de una base de datos elaborada por Armando.info con la información pública contenida en el Registro Nacional de Contratistas. Aunque la Ley Orgánica de la Contraloría señala que un funcionario activo podría tener responsabilidad administrativa si celebra contratos con el Estado, Vicari Méndez, que ya no pertenece a la empresa, esgrime en su defensa una razón que repasa la tragedia del desabastecimiento en Venezuela. “Si tengo un paciente con un requerimiento, si no hay el material, pero yo sé dónde sí lo hay, lo busco. ¿Qué hago? ¿No lo opero?

En medio de expropiaciones, controles de precios y escaseces crónicas, la marca de avena para el desayuno Avelina y su dueño resaltan como las estrellas ascendentes del mercado de consumo masivo en Venezuela. ¿Cómo sacar provecho del peor entorno para los negocios en todo el mundo? Libi lo hizo con maneras quizás poco ortodoxas y hasta lo bastante controversiales como para que el ‘Financial Times’ de Londres le dedicara un reciente reportaje y para que el empresario debiera acudir a la Asamblea Nacional a explicar la naturaleza de sus actividades. Esta indagación encuentra que los intereses de Libi también pasan por las finanzas, las empresas offshore y las propiedades inmobiliarias.

Más de 550 millones de dólares se fueron por el despeñadero en unas instalaciones de Pdvsa Agrícola, que quedaron a medio construir en cuatro provincias de Venezuela. Un nuevo legajo de documentos judiciales y depósitos bancarios de la trama de la Operación Lava Jato –filtrados para este reportaje– involucran a Egly Ramírez, tío del expresidente de la estatal petrolera y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, y a otros exfuncionarios en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años que estableció un pago sistemático de sobornos a personas con responsabilidades en los gobiernos de América Latina para que la multinacional brasileña fuese adjudicada en las licitaciones

En el estado de Apure, en pleno corazón de los llanos venezolanos, de vasta tradición ganadera, el calvario de los productores y distribuidores comienza mucho antes de llegar a los canales de comercialización. La alianza cívico-militar, eje del proyecto chavista en todo el país, despoja en la zona a los vendedores entre 10 y 50 por ciento de su mercancía para cebar negocios de dudosa legitimidad. No es solo una injusticia: en medio de la crisis económica, el arrebato agudiza la escasez de alimentos y el aumento de los precios. Armando.Info fue allí para presenciar el vandalismo legalizado que afecta a los productores de quesos artesanales.   

Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…

Their faces have not appeared in any public manifestation portrayed in any banner, or brochures, or in social media. Their names were sentenced by someone with "revolutionary authority" that involved them in a case without conclusive evidence, even with assumptions that even though they were dismantled, that was worth little or nothing to reverse the aim, i.e. to criminalize the protest, frighten the protesters, leave someone behind bars. The official discourse that is determined to ensure that there are only political prisoners in Venezuela does not fit to them. These are ordinary Venezuelans who have ended up as political prisoners, particularly as forgotten political prisoners.

Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.

Registrada en Islas Vírgenes Británicas por un bufete panameño para manejar una cuenta bancaria en Bahamas, una empresa de dos venezolanos generó dudas en el escritorio Mossack Fonseca sobre su cumplimiento de la normativa del paraíso fiscal donde se alojaba. Sus propietarios, Ricardo Lugo y Adrián Requena, en repetidas ocasiones han sido señalados por participar en los amaños por los que la constructora española Duro Felguera ganó el contrato de una planta termoeléctrica en Venezuela, acuerdo que las autoridades anticorrupción de España investigan.

Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.

La oferta no puede ser más esperanzadora: una "vacuna" o inmunoterapia contra el cáncer de mama capaz de reducir el tumor y la posibilidad de metástasis. Una opción poderosa en un país donde las neoplasias son la segunda causa de muerte de los venezolanos y donde es cada vez más limitado el acceso a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Pero esta investigación, desarrollada por el ilustre médico venezolano Jacinto Convit a partir de 2002 y que continúa después de su fallecimiento, acumula imprecisiones y procesos opacos que la hacen tambalear frente al rigor científico, ético y médico.

The judicial authorities of Switzerland found a connection between the wife and the mother-in-law of the former Venezuelan minister with at least 40 million dollars deposited in eight bank accounts, one of which was shared with one of the main negotiators of bribes and kickbacks between Odebrecht and the governments of Chávez and Maduro. Although they asked the Venezuelan justice to investigate the matter, the courts denied any possibility of addressing the case and the Venezuelan Prosecutor's Office, led by Tarek William Saab, acts as if not aware.

Beyond the names of political figures and Government officials involved, the corruption plot deployed by the Brazilian construction company in Venezuela brought huge amounts of money in irregular payments into circulation. In Swiss banks, the transit of at least 235 million dollars was detected, mostly bribes linked to the Tocoma hydroelectric project, which after feeding the accounts of intermediaries reached their destination. For now, investigations determine that the capillarity through which the funds flowed led to art merchants, patriarchs of civil engineering dynasties, and even sports managers.

En el orden cerrado de la Fuerza Armada Nacional venezolana, la misma que se denomina humanista, revolucionaria y socialista, no hay espacio amplio ni estrecho para los uniformados que portan el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Las sanciones son precisas y su aplicación está plagada de prejuicios, marcadas por la homofobia y la desinformación. A pesar de los avances jurídicos en varios países de América Latina, el manejo del virus sigue siendo un reto después de 37 años y al menos 1200 uniformados venezolanos afectados prefieren el secreto antes que poner en riesgo su profesión

El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.

En México hay una larga tradición de trampas en el suministro de productos lácteos empacados para programas sociales. Así que no debe extrañar que en ese país la corrupción venezolana haya conseguido la fórmula perfecta para hacer pasar en las llamadas Cajas CLAP un engrudo adquirido a precio de remate por leche de vaca en polvo. Por una misteriosa razón, empresas fantasmales o apenas conocidas son las que acaparan las órdenes de compra expedidas desde Venezuela.

Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.

The chemical analysis of eight Mexican brands that the Venezuelan government supplies to the low-income population through the Local Supply and Production Committee (CLAP), gives scientific determination to what appeared to be an urban legend: it may be powdered, but it is not milk. The fraud affects both the coffers and the public health, by offering as food a mixture poor in calcium and proteins, yet full of carbohydrates and sodium.

Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.

Un nuevo análisis físico-químico solicitado por Armando.Info a investigadores de la UCV demuestra que la leche en polvo que en la actualidad se distribuye en el programa de asistencia alimentaria del Gobierno venezolano, aunque bajo nuevas marcas, sigue teniendo un pobre desempeño nutricional que pone en riesgo la salud de sus consumidores. Mientras tanto, un misterioso proveedor consigue monopolizar las importaciones y las ventas de México a Venezuela van en aumento.

Even though there are new brands, a new physical-chemical analysis requested by Armando.Info to UCV researchers shows that the milk powder currently distributed through the Venezuelan Government's food aid program, still has poor nutritional performance that jeopardizes the health of those who consume it. In the meantime, a mysterious supplier manages to monopolize the increasing imports and sales from Mexico to Venezuela.

In Mexico, there is a long tradition of cheating in the supply of dairy products packaged for social programs. Hence, it should not be surprising that the Venezuelan corruption had found in that country the perfect formula to include in the so-called CLAP Boxes a paste purchased at auction price as cow's powdered milk. For a mysterious reason, ghostly or barely known companies are the ones monopolizing purchase orders from Venezuela.

A study by Mexican authorities confirms what the palate of the Venezuelans quickly detected: There is something odd in the Mexican canned tuna that comes in the combos of the Local Supply and Production Committee (CLAP). At least three of the brands that the poorest homes have consumed in the country since March 2016, when the state plan was formalized, have high proportions of soy, a vegetable protein that although not harmful, it does not have the same taste and protein contribution of tuna. Behind the addition of soy there is an operation to reduce costs where all the intermediaries, handpicked by the Venezuelan Government to buy the goods, have participated.

Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.  

Desde el comienzo de la epidemia de sarampión en julio de 2017, al sur de Venezuela, seis países sudamericanos están afectados por casos provenientes de la que alguna vez fue la nación más rica y moderna de la región. Dos años después del brote, no se ha podido controlar la enfermedad.

La epidemia de sarampión instalada en Venezuela desde julio de 2017 ha causado la muerte de 81 personas según los registros del gobierno venezolano aportados a la Organización Panamericana de la Salud; los reportes no oficiales advierten que son 139. Ocho de cada diez víctimas de la enfermedad corresponde a población indígena; nueve de diez si se toma el registro extraoficial. Además de morir por una enfermedad que estaba controlada, las víctimas quedan en el limbo oficial pues el Estado venezolano niega la existencia del brote, oculta los datos al respecto y reacciona con jornadas de vacunación tardías y escasos controles sanitarios. Los warao y yanomami venezolanos, por su ubicación geográfica, la vulnerabilidad del sistema de salud y su pobreza, saben que cuando el virus llega a sus comunidades es letal.

La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.

La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición extravagante: comprar una a una las catorce casas de un callejón de la urbanización Cumbres de Curumo de Caracas, una meta que completaron en cuatro años. Al mudarse en manada de El Paraíso, en el centro de la capital, al este burgués del valle, simbolizaron su asombroso ascenso social en medio de la debacle económica del país. La nueva ubicación les ofrece aislamiento y la posibilidad de vivir junto a Fuerte Tiuna, el hogar de su madre, la primera dama, y su padrastro, Nicolás Maduro. Para lograrlo diseñaron una estrategia de compra paulatina mediante terceros allegados, a través de empresas de maletín, y con pagos nominales en bolívares con cheques personales.  

Podría decirse que Mario Enrique Bonilla Vallera es un precoz. No más salir de la adolescencia se iba de fiesta lo mismo que abría empresas de todo tipo, en países distintos, logrando meter su nombre en una veintena de compañías antes de cumplir los 30 años. ¿Un superdotado de los negocios? Mejor un muchacho en el lugar y momento precisos para hacerse amigo de los hijos de la “primera combatiente”, Cilia Flores.

Anunciada anticipadamente desde hace 35 años como una panacea, la joya de la corona de la controvertida industria cubana de biofarmacia esperaba una diana en la que hacer blanco. Ahora, por fin, no solo los rumores sin fundamento científico y otras especies llegadas desde La Habana y Wuhan le asignan poderes para combatir al Covid-19: el gobierno venezolano ha incluido el Interferón alfa 2b en el tratamiento oficial contra la enfermedad. Pero el entusiasmo de Nicolás Maduro por el medicamento, entre la superchería y la lealtad política, hace tropezar lo que parece un experimento masivo no declarado con la falta de evidencias y el escepticismo de la comunidad médica venezolana.

Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.

Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida por tres hermanos venezolanos que tenían trayectoria en el sector automotriz, logró colarse como proveedora de la Presidencia de Panamá y firmar un contrato para suministrar respiradores, los equipos más buscados en tiempos de Covid-19. Pero los equipos resultaron estar en mal estado. Esta historia se remonta hasta unos antecedentes en el estado Zulia, relacionados con una familia ya célebre por haber sido favorecida con jugosos contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.

Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas y Florida. Pero por ninguno de esos bienes suntuosos fue que Alejandro Ceballos Jiménez llamaría la atención de funcionarios de cumplimiento de un banco y de la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. En cambio, quedó bajo sus lupas por los pagos y transacciones vinculados a una obra de viviendas populares en los Valles del Tuy. Los flujos millonarios de dólares llegaban desde entes del gobierno chavista a una empresa en el Reino Unido simultáneamente vinculada a la ruta del ‘dinero K’ argentino.

Una pequeña rebelión, encabezada por un grupo de artistas y gestores culturales, cobró fuerza hasta amenazar durante los últimos meses de 2020 con convertirse en la chispa que incendie la pradera castrista, después de 62 años de régimen comunista. Aunque tiene cuatro años en la fragua, es solo ahora que el Movimiento San Isidro se deja conocer en la prensa internacional. Con él ha dejado de ser invisible toda una colectividad de ciudadanos investidos por la web y las redes sociales de un nuevo poder, que intentan seguir adelante contra la represión para transformar los reclamos iniciales por la libertad creativa en una ola de cambio político. Así lo relata desde La Habana uno de sus líderes, Luis Manuel Otero.