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De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro

La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda el negocio de la importación de alimentos para los populares Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Viene a confirmar también que el empresario barranquillero, Alex Nain Saab Morán, hasta ahora ligado a la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, es también una bisagra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el puerto de Veracruz han salido hasta Venezuela al menos 7 millones de cajas con comida despachadas por una fantasmal sociedad sin oficina permanente en Caracas ni México, y gracias a un millonario contrato con el Gobierno venezolano.

03 September 2017

El principal centro de distribución de alimentos de Venezuela está en el puerto de Veracruz, México. Desde allí, a miles de kilómetros de distancia, en lo que va de año han zarpado buques cargados con las cajas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa diseñado por Nicolás Maduro. La travesía de unos cinco días implica bajar desde el golfo mexicano, atravesar el mar Caribe y tocar costas venezolanas, y ha conducido a un negocio millonario a Group Grand Limited, la fantasmal empresa que según la Fiscal General de la República destituida por el Gobierno venezolano, Luisa Ortega Díaz, tiene relación directa con el presidente de Venezuela.

Aunque desconocida por la opinión pública, Group Grand Limited ha entrado silenciosamente en los hogares venezolanos, especialmente los más pobres, a través de las cajas de alimentos. La compañía es la gran beneficiaria del negocio de los CLAP. Se ha impuesto, incluso, a Postar Intertrade Limited, del empresario venezolano Samark López Bello, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense señaló en febrero pasado de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Las sanciones asociadas a esa acusación, precisamente, lo apartaron rápidamente del negocio tras firmar un contrato por unos 120 millones de dólares con las autoridades venezolanas para la venta de 3 millones de despensas CLAP, según ha manifestado López Bello.

La caja de Pandora

El pasado 23 de agosto la Fiscal rebelde viajó a Brasil para reunirse con homólogos de las naciones del Mercado Común del Sur (Mercosur). Días antes había escapado desde Caracas hasta Bogotá tras ser destituida a inicios de agosto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la que el chavismo ha terminado de suplantar al parlamento bajo control de la oposición desde enero de 2016. En la capital brasileña, rodeada de micrófonos y frente a las cámaras de los medios de comunicación, Ortega Díaz soltó que el presidente Maduro es beneficiario de Group Grand Limited y de la venta de alimentos para los CLAP, un plan que el Gobierno esgrime como la solución al desabastecimiento generalizado y a la “guerra económica” de los empresarios locales.

“Esas pruebas también las tenemos nosotros, voy a entregarlas a las autoridades de distintos países”

“Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”, disparó la ahora perseguida del chavismo. Seguidamente detalló que los propietarios en papeles serían el venezolano Rodolfo Reyes y los colombianos Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. “Esas pruebas también las tenemos nosotros, voy a entregarlas a las autoridades de distintos países”, dijo para desatar un estruendo en Venezuela y Colombia.

Las afirmaciones de Ortega Díaz apuntaban a mostrar que Álvaro Pulido Vargas y Alex Nain Saab Morán, hasta ahora relacionados a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, son también cercanos al presidente venezolano. En otras palabras, que Maduro sería otro valedor de los negocios que desde hace años Pulido y Saab ganaron con el chavismo. Aunque con algunas imprecisiones, las denuncias de Ortega Díaz no están descaminadas. 

El 23 de abril Armando.info publicó un primer reportaje sobre las operaciones de Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong el 8 de marzo de 2013 con un capital de 10 mil dólares. Desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 24 de febrero de este año el director fue Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Nain Saab Morán. Además del vínculo familiar, padre e hijo están unidos junto a otros parientes en dos fundaciones creadas en Panamá llamadas Seafire Foundation y Fundación Hesace, e hicieron sociedad en una compañía inscrita y posteriormente liquidada en Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, de nombre Saab Certain & Compañía.

Tanto el propio Alex Saab como sus abogados desmintieron rápidamente su vinculación con Group Grand Limited. “No hago parte de la empresa vinculada a los alimentos”, respondió el empresario al diario El Tiempo de Bogotá en una escueta entrevista vía correo electrónico que se publicó el 25 de agosto. Allí, en cambio, admitió su amistad desde hace “muchos años” con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien calificó como “gran persona y líder natural” y a quien dijo admirar por “su lucha a favor de los derechos humanos”. Meses antes, en abril, cuando ya el nombre de Piedad Córdoba sonaba en los negocios de Alex Saab, la ex senadora fue homenajeada por la Gobernación del Táchira, que ya se entendía con Group Grand Limited.

En la misma línea se pronunció uno de sus abogados. Abelardo De La Espriella, conocido por duras opiniones contra el presidente venezolano, declaró al diario El Heraldo de Barranquilla que su defendido “no tiene nada que ver con esa empresa de alimentos” y que “no hace parte del Gobierno venezolano”. Aseguró, incluso, que si Saab “fuera socio de Nicolás Maduro, no estaría defendiéndolo”.

Pero documentos de embarque y facturas confirman que cuando el hijo de Alex Saab todavía era responsable de Group Grand Limited, la empresa vendió cientos de kilos de alimentos para los CLAP a la Gobernación del Táchira. Entre el 8 de enero y el 30 de enero de este año emitió, al menos, 149 facturas a la Gobernación del estado Táchira por unos 212 millones de dólares, más de la mitad de los 340 millones de dólares aprobados inicialmente por Maduro. De acuerdo a esos papeles la empresa cobró por adelantado por hacer el “trading” con los alimentos. Cada una de las cajas fue vendida aproximadamente en 34 dólares, apenas 340 bolívares al tipo de cambio preferencial, pero comercializadas en Venezuela por encima de 10 mil bolívares, casi 30 veces su valor.

Si la conexión padre-hijo resulta insuficiente, otros indicios revelan que Alex Saab es el hombre detrás de las cajas CLAP que comercializa Group Grand Limited. Tanto la dirección que colocó Shadi Nain Saab Certain en el registro de Hong Kong, como la que aparece en las facturas remite a las oficinas en Caracas de Fondo Global de Construcción, compañía con la que Alex Saab obtuvo un contrato con el mismísimo Hugo Chávez en 2011 para vender casas prefabricadas al plan “Misión Vivienda”. Esa misma dirección estuvo en la web de Group Grand Limited hasta abril pasado, pero fue modificada al consultarles por la relación entre las dos empresas y el empresario colombiano. Luego de las acusaciones de Ortega Díaz desapareció del portal esa segunda dirección, reafirmando el carácter fantasmal de la compañía.

El actual director de la empresa, el abogado colombiano ex cónsul de ese país en New York y ex presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, también negó la participación de Alex Saab. En un comunicado firmado por él y difundido a medios colombianos el 28 de agosto, Betancourt dijo que “es totalmente falso que alguna de las personas mencionadas por la señora Ortega (Díaz) hace parte de la composición accionaria de Group Grand Limited”. Manifestó, además, son una de las “por lo menos 12 empresas que en este momento prestan el servicio de cajas CLAP” al Gobierno venezolano. “Las relaciones contractuales que hemos celebrado con la República Bolivariana de Venezuela se rigen por las reglas de derecho de ese país”, sentencia el texto firmado por Betancourt, quien encomendó la defensa de Group Grand Limited al ex fiscal colombiano Mario Iguarán.

Aunque en el comunicado se sostiene que la compañía trabaja con “total transparencia”, no descubre quiénes son los verdaderos dueños. De los movimientos del registro en Hong Kong se desprende que el 24 de febrero, cuando Shadi Nain Saab Certain renunció al directorio y Betancourt asumió su puesto, las acciones de Group Grand Limited pasaron a manos de dos compañías panameñas. Se trata de Eolo Energies INC y Viladrake International INC, esta última creada en noviembre de 2016 y manejada desde el 27 de enero de este año por el apoderado Jorge Wuerms, un panameño especializado en finanzas y ligado a Penates AG, firma financiera radicada en Suiza.

El arte de esconderse

Si la estructura de Group Grand Limited en Hong Kong es opaca, la filial mexicana a la que se refirió Ortega Díaz en su denuncia también levanta sospechas. De acuerdo al Registro Público de Comercio de Ciudad de México, Group Grand Limited Sociedad Anónima fue inscrita el 21 de marzo de 2017, dos meses después de haber iniciado el intercambio comercial con la Gobernación del Táchira a través de la casa matriz de Hong Kong. Antes del registro mercantil, y por tratarse de una sociedad extranjera, la compañía tramitó el 13 de marzo de 2017 una “autorización de denominación/razón social” ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Secretaría de Economía de México. Todavía la tensión diplomática entre Maduro y Enrique Peña Nieto, ni los insultos de Maduro y las autoridades venezolanas al canciller mexicano, Luis Videgaray, no se habían desatado a propósito de la posición que asumiría México ante la crisis política venezolana iniciada a finales de marzo.

El capital de la compañía son 100 mil pesos mexicanos, de los cuales el 99% pertenece a Group Grand Limited de Hong Kong y el 1% restante a Santiago Uzcátegui Pinto, un joven de 33 años nacido en Madrid, de nacionalidad venezolana, residenciado en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela, y con compañías propias en el área de alimentos y la construcción. El 4 de mayo Uzcátegui Pinto otorgó el control de la empresa mediante poderes a Andrés Eduardo León Rodríguez y Enmanuel Enrique Rubio González, quien sería hijo de Álvaro Pulido Vargas, el otro empresario colombiano referido por Ortega Díaz. La razón por la que no coinciden los apellidos es que la verdadera identidad de Álvaro Pulido Vargas sería la de Germán Rubio, nombre que decidió cambiar tras estar ligado a una investigación por narcotráfico, como ha revelado el periodista Gerardo Reyes.

ArmandoInfo

Notaría donde se encuentra registrada Group Grand Limited en México. Fotografía: Paola Hidalgo, Excélsior.

“Son terceros que utilizan para frentear las compañías y no los vinculen a ellos (Alex Saab y Álvaro Pulido) porque están siendo investigados en varias jurisdicciones”, asegura una fuente que prefiere el anonimato. Una de esas investigaciones fue la realizada por las autoridades ecuatorianas a la empresa Fondo Global de Construcción, con la que Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas obtuvieron acceso a los dólares preferencias de Venezuela y al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) impulsado por los Gobiernos de Caracas y Quito. Desde Ecuador, sospechan que la compañía incurrió en operaciones de lavado de dinero, exportaciones ficticias y sobrefacturación, entre otras irregularidades, con la filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcción, otra compleja estructura empresarial que al igual que Group Grand Limited, conduce a un paraíso fiscal, en este caso, en la isla de Malta, en el mar Mediterráneo.

“La Ley requiere de la existencia de un domicilio como uno de los requisitos básicos para la constitución de una asociación"

Del registro de la empresa en México también llama la atención que no hay ninguna dirección física en territorio mexicano, lo que supone un incumplimiento de la Ley General de Asociaciones Mercantiles de ese país y reafirma el carácter fantasmal del grupo. “La Ley General de Asociaciones Mercantiles requiere de la existencia de un domicilio como uno de los requisitos básicos para la constitución de una asociación, lo cual obedece a la idea de que la asociación pueda hacer frente a cualquier tipo de demanda o requerimiento fiscal. No se explica cómo al parecer el notario público pasó por alto este requisito, lo que hace presumir la intención de evadirse de la responsabilidad de dar la cara ante cualquier reclamo o eventualidad suscitada con motivo de su giro social”, advierte un abogado mexicano que vio los papeles de registro y prefirió el anonimato. Por si fuera poco, el notario responsable del registro, Guillermo Oliver Bucio, ha estado relacionado con irregularidades, de acuerdo a la prensa mexicana.

En cualquier caso no ha sido impedimento para dominar el negocio de los CLAP. Empresarios mexicanos, algunos de ellos proveedores de Group Grand Limited, aseguran que la empresa es la única con capacidad financiera para continuar en el negocio tras la salida de Samark López Bello y los amagos de otros empresarios venezolanos, que de acuerdo a esas fuentes estarían ligados al propio Alex Saab bajo otras denominaciones empresariales. Desde la empaquetadora El Sardinero, una de las más grandes compañías mexicanas dedicadas al armado de cajas o despensas con alimentos, una política habitual en varias instancias de Gobierno mexicano, se han preparado hasta 25 mil cajas diarias que luego salen desde el puerto de Veracruz hasta el de La Guaira. “El Sardinero estuvo haciendo por lo menos 25 mil despensas diarias, lo que implica casi 25 contenedores diarios, pues cada uno tiene 1300 despensas (…) Este proyecto (el de los CLAP) se detuvo, porque los venezolanos no transfirieron los recursos y el único que siguió trabajando fue El Sardinero”, afirma un proveedor mexicano.

Documentos de embarque le dan la razón. Al menos la mitad de los 7 millones de cajas CLAP para la Gobernación del Táchira han sido despachados por El Sardinero desde el puerto de Veracruz, en el golfo mexicano. Una vez armadas las cajas con los 11 alimentos básicos se transportan por tierra unos 28 kilómetros hacia la Terminal Intermodal de ferrocarril, Pantaco, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. Desde allí los contenedores con las 1.300 cajas CLAP salen en tren hasta el puerto de Veracruz, a unos 425 kilómetros de distancia y la naviera Hapag Lloyd carga los barcos que finalmente salen con destino a Venezuela.

“Ningún otro país de América Latina tiene la capacidad de distribuir tantos volúmenes de despensas como nosotros, pero me preocupa que le están vendiendo a los venezolanos los productos de muy baja calidad”, destaca el empresario mexicano, a quien en algún momento le llegó el rumor de que uno de los representantes de Group Grand Limited se presentaba como “sobrino de Maduro”, justo a quien terminó señalando Ortega Díaz.

Quizás por eso la Fiscal destituida no ha demorado en viajar a suelo azteca. Una semana después de su acusación contra el presidente venezolano llegó a la capital mexicana y se reunió con las autoridades de ese país para continuar denunciando la deriva autoritaria del Gobierno de Venezuela e intentar tirar de un hilo que no sólo une a los puertos de Veracruz y La Guaira, sino a Alex Saab con Piedad Córdoba y Nicolás Maduro. “Fundamentalmente vine hasta este país a reunirme con el Procurador General de la República, a quien le entregué alguna información importante relacionada con unas investigaciones que cursan en Venezuela y que pueden ser del interés de este país”, admitió Ortega Díaz.